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“Lo que la Universidad necesita es la mayor autonomía posible para llevar a cabo sus funciones” (José Manuel Pingarrón, Secretario General de Universidades)

“La nueva ley de universidades ha generado más titulares que polémica en sí”

Del 27 al 29 de octubre, y por tercera vez en su historia, la Universidad de Murcia, a través del SIU, ha organizado unos Encuentros Nacionales de Servicios de Información y Orientación Universitarios. Se trata de los primeros encuentros presenciales tras el inicio de la pandemia, por lo que han supuesto el retorno a una cierta normalización y como foro para debatir sobre las nuevas formas de comunicación que han surgido durante este período

Uno de los ponentes es José Manuel Pingarrón Secretario General de Universidades, que diserta el viernes día 29 de octubre sobre la Ley de convivencia y participación y la Ley de Universidades. Pingarrón ha ofrecido a la revista Campus una entrevista en exclusiva en la que habla de sus ideas sobre la Universidad española y el futuro que vislumbra sobre la misma.-P: Se aproximan diversos cambios legislativos en la enseñanza universitaria, incluida la nueva Ley de Universidades ¿Cuál es el objetivo último –o primero- de todos ellos?

-R: Hay diversos objetivos, uno de ellos tiene que ver con hacer una universidad más internacionalizada, también más autónoma, dotarla de medios humanos y materiales suficientes como para que pueda llevar a cabo sus actividades para que siga generando conocimiento y transferencia de conocimiento a la sociedad, y también, por supuesto, para que siga siendo un lugar de libertad cultural y de formación de ciudadanos libres, pero la más importante es quizás que necesitamos aumentar y mejorar la calidad de la actividad universitaria.

-P: En las jornadas organizadas por la Universidad de Murcia, usted va a participar hablando también de la Ley de Convivencia y Participación.

-R: En realidad esta es una ley que ya está en el Parlamento, ahora está sujeta a los vaivenes de la actividad parlamentaria. Lo que pretende es, ni más ni menos, sustituir el Real Decreto de 1954, que obviamente era preconstitucional. También pretende blindar los derechos y libertades del estudiantado y, sobre todo, dotar la convivencia universitaria de unos mecanismos de mediación y de convivencia que permita que los conflictos se puedan resolver en un ámbito que no tenga nada que ver con la vía judicial.

-P: ¿A qué retos se enfrenta la Educación Superior en España?

-R: A muchísimos, como en el resto del mundo, porque afortunadamente la sociedad está en continuo cambio. Esta mutación en la que estamos inmersos es cada vez más acelerada, y esto lo que nos tiene que impeler es a realizar actividades que nos permitan adaptarnos a ese cambio. Yo creo que lo que la Universidad necesita es la mayor autonomía posible para llevar a cabo sus funciones.

La autonomía tiene muchos parámetros. Por un lado, la autonomía académica, algo que de lo que afortunadamente goza desde hace mucho tiempo, pero también habría que hablar de la autonomía financiera, la que tiene que ver con la generación de conocimiento, con la investigación, la internacionalización, la globalización…, hay muchos retos a los que la universidad debe hacer frente, y la ley intenta dotar de instrumentos para abordar muchos de ellos.

Universidades de calidad

-P: Desde su punto de vista ¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de las universidades españolas?

-R: La universidad española tiene muchas fortalezas. Muchas veces nos pensamos que el sistema universitario español no es muy bueno, y la verdad es que eso no es justo.

Entre las fortalezas habría que citar que hemos sido capaces, en pocos años, de adaptarnos al Sistema de Europeo de Educación Superior, lo que ya supone un éxito. El español es un sistema universitario que tiene una gran equidad y posee enseñanzas de calidad. Prácticamente la totalidad del Sistema Público Universitario Español, y también algunas universidades privadas, están dentro de las 1000 mejores universidades del mundo, lo que significa estar dentro de un grupo en el que están menos del diez por ciento de las mejores universidades del mundo. Por otro lado, el ciudadano español puede tener seguro que cerca de donde reside tiene una universidad pública de calidad, lo cual ofrece una equidad y una garantía a la ciudadanía que es difícilmente de hallar en otros países, incluso en lugares tan avanzados como Estados Unidos.

La investigación en la universidad española ha mejorado constantemente en los últimos tiempos, puede presumir de ser uno de los mejores sistemas de I+D+i de Europa y del mundo, por lo tanto, tiene fortalezas importantes.

Entre las debilidades está, desde luego, la infrafinanciación. En el año 2009, el gasto público en Educación Superior era de 10.500  millones de euros, y una década después era de 9.800. Es decir, no hemos hecho el esfuerzo para financiar la universidad como han hecho otros países de nuestro entorno.

También es verdad que hay una serie de trabas burocráticas que, en la medida en que tenemos competencias, estamos intentando remover, pero es cierto que hay poca flexibilidad para que las estructuras de las universidades puedan adaptarse a lo que ellas quieran. Hay poca capacidad de autogobierno en las universidades, algo que estamos intentando revertir en el mayor grado posible.

Y también es verdad que hay una serie de estructuras que son un poco dispares respecto a lo que se estila en Europa sobre las que también convendría reflexionar.

Burocracia y universidad

-P: ¿Hay demasiada burocracia para investigar en España o es equiparable a la que existe en los países de nuestro entorno?

-R: En algunos casos sí y en otros no. Por ejemplo, no se debería tardar tanto para que un título que proviene de una universidad se pueda verificar y poner en marcha. Esto es una de las cosas que, con los nuevos reales decretos y la nueva Ley estamos intentando revertir. Es una barrera para poder adaptarse a los cambios que requiere la sociedad.

Luego está todo lo que tiene que ver con la acreditación. Parece difícilmente explicable que si uno para pedir una ayuda a una importante institución extranjera tenga que presentar un proyecto en 15 páginas y su currículum en cuatro, y sin embargo, para poderse acreditar a ANECA haya que tardar horas y horas, presentar un montón de papeles y de archivos y otras cosas que son redundantes. Pensamos que este proceso de acreditación se debería hacer de una manera mucho más ágil y simplificada.

Y otras cosas que tienen que ver con la investigación que intentaremos, en la medida de nuestras competencias, sean mucho más simplificadas, que sea posible, por ejemplo, que los proyectos de investigación sean considerados como una unidad de contabilidad en sí misma, de manera que todo lo que tiene que ver con la Ley de Contratos no se tenga que aplicar a toda la universidad sino que cada proyecto de investigación pueda ser una unidad de contabilidad por separado.

En definitiva, estamos intentando revertir toda esa burocracia. No olvidamos que la autonomía lleva aparejado, indisolublemente, transparencia y rendición de cuentas, pero que esa rendición de cuentas sea ágil, de manera que no impida que la universidad lleve a cabo las funciones que le son esenciales.

-P: ¿Por qué ha generado tanta polémica la nueva ley de universidades?

-R: Yo creo que ha generado más titulares que polémica en sí. Cualquier Ley que tenga que ver con las universidades para unos actores está bien y para otros está absolutamente mal, porque entre los propios actores hay opiniones absolutamente antagónicas en algunos aspectos. Cuando se habla de financiación, del estatuto del PDI, del Personal de Administración y Servicios…, siempre habrá artículos que no gusten a algunos. Hay que buscar un equilibrio entre la posición mayoritaria de la comunidad universitaria. Cuando uno va a los artículos de prensa más allá de los titulares, ve que tampoco hay una resistencia de fondo, la hay en matices, lo cual es muy respetable. La unanimidad es prácticamente imposible, pero esto ha ocurrido con todas las leyes orgánicas de universidades de nuestra democracia.

Universidad y empleo

-P:¿Por qué existen tantos egresados universitarios en paro o con unas cifras muy superiores a las de otros países, sobre todo en trabajos cualificados, como les correspondería?

-R: La primera parte a un poco mantra, porque las estadísticas del INI nos dicen en sus últimos informes que la tasa de desempleo de los egresados universitarios no llega al 8%, y la de los que tienen además másteres o doctorado, están muy por debajo. Ese porcentaje es mucho mejor que los que tiene la Formación Profesional media o superior, así que tener un título universitario sigue constituyendo una cierta garantía de encontrar un empleo.

El tipo de empleo es ya otro problema, y tiene que ver con la estructura industrial y económica de España, que posee una enorme cantidad de Pymes que conforman nuestro tejido industrial y que muchas veces hace que los puestos de trabajo que existen no requieran una cualificación. Por eso es muy importante los procesos de digitalización y reindustrialización en España, para que los puestos que salgan de ahí sean de un cierto valor añadido. Pero yo creo que tener un título universitario sigue siendo en cierto modo un seguro de tener un trabajo mejor cualificado, y por tanto mejor pagado que los que no lo tienen.

-P: Educación Permanente: ¿habrá que volver a la universidad para reciclarnos continuamente en el futuro?

-R: Sin duda. En el Real Decreto de Organización de Enseñanzas hay un título específicamente dedicado a la Formación Permanente porque está claro que vamos ahí. Es muy difícil que en este mundo tan cambiante no haya que recualificarse una o varias veces en nuestra vida. En esto, las universidades, y más las públicas, tienen un papel importante que jugar.

Hasta ahora esta recualificación de los trabajadores y las trabajadoras ha constituido un nicho muy importante por parte de la iniciativa privada, pero es cierto que las universidades públicas no habían puesto un acento importante en este tipo de enseñanza, y sin duda ninguna, la Formación Permanente a lo largo de toda la vida va a ser un vector fundamental en el desarrollo de las propias universidades y de la propia sociedad.

-P: ¿Reciben en el ministerio peticiones de creaciones de universidades que son denegadas por no cumplir unos mínimos?

-R: Recibimos bastantes. Muchas son online. Lo que se hace es realizar un informe técnico por parte de los servicios del Ministerio de Universidades.  Nosotros  proponemos un informe, y es la Conferencia General de Política universitaria, donde están todas las comunidades autónomas, quien da un informe para la creación y el reconocimiento de estas universidades. Pero no olvidemos que es la comunidad autónoma quien tiene la competencia de, independientemente como sea el informe de la Conferencia General de Política Universitaria, aceptar la implantación o no de la universidad.

-P: Se ha convertido el envejecimiento de las plantillas en un problema serio? ¿Qué se está haciendo al respecto?

-R: Naturalmente, y este es uno de los grandes cambios que pretende abordar la Nueva Ley Orgánica de Universidades. Necesitamos que el profesorado se estabilice a una edad mucho más temprana de lo que lo hace ahora. Ahora mismo, la edad media de los ayudantes doctores, es decir que todavía no tienen una posición estable, está por encima de los 40 años, y eso es una barbaridad, un profesor de universidad tiene que estabilizarse a los treinta y tantos, pero no más allá, porque de otra manera, cuando alcance la estabilización ya habrá pasado la etapa más creativa de su carrera.

Alguna de las medidas que abordamos, por  ejemplo, la no petición de acreditación para entrar a esta figura de ayudante doctor que proponemos en la Lomce va dirigida a eso, a que las universidades puedan contratar a doctores por el mero hecho de serlo, y  si luego se establece esa carrera de seis años desde que son contratados hasta que pueden acreditarse, en un período normal de tiempo se podría estabilizar a los 34-36 años, lo que sería una rebaja considerable con respecto a lo que existe ahora. Y naturalmente, también hay que sustituir al profesorado que se jubila. Hay que tener en cuenta que, en la próxima década se va a jubilar casi el 50% del profesorado catedrático y el profesorado titular de la Universidad española.