La mañana del jueves 9 de septiembre de 2020 nos levantamos con la terrible noticia de que el Campo de Refugiados de Moria, en la isla griega de Lesbos, estaba ardiendo. El incendio comenzó la noche del miércoles y en la noche del jueves nuevas llamas terminaban de devorarlo.

La destrucción de Moria ha sido una muerte anunciada, una tragedia provocada por la política criminal de la Unión Europea hacia los migrantes y refugiados que desde 2015 han tratado de llegar a Europa huyendo de la guerra, el hambre y la desesperación. La UE y sus países miembros han dado una respuesta equivocada a estas personas necesitadas de protección internacional: en vez de adoptar medidas urgentes dirigidas a otorgarles esa protección, garantizándoles el derecho a la libre circulación y simplificando los procedimientos de asilo con medidas que permitan asistir a las personas más vulnerables, la Comisión Europea y los gobiernos de los estados miembros han optado por cerrar las fronteras (Reglamento de Frontex) y gestionar el asilo según las circunstancias de acceso de cada país, generalmente el país por el que esas personas necesitadas de protección acceden a la UE (Convenio de Dublín).

El incendio se produjo después del anuncio de confinamiento, al detectarse el primer caso de Covid-19 en el Campo de Refugiados. Pero hacía meses que la explosión del polvorín de Morias había sido anunciada por muchas organizaciones humanitarias, debido a las pésimas condiciones de vida de las casi 14.000 personas que habitaban en él, cuatro veces más de su capacidad. Entre los más vulnerables, más de 400 niñas y niños no acompañados. La Comisión Europea y la Organización Internacional de Migraciones ya han anunciado que serán evacuados a la parte continental de Grecia. Habría que recordar que estos menores, antes que refugiados son niños y como tales les protege la Convención Internacional de los Derechos del Niño, y que el Comité de los Derechos del Niño debe velar para que sus derechos sean garantizados como los de cualquier niño europeo.

Las personas que malvivían en el Campo de Moria no son los refugiados “de Grecia”, ni los refugiados que llaman a las puertas de Europa son una cuestión exclusiva de los primeros países de acceso. Todos ellos son “los refugiados de Europa”. Los ciudadanos europeos somos responsables de su destino y la UE tiene que cambiar radicalmente su política migratoria para priorizar la vida de las personas y no el cierre de los territorios. Europa tiene que abrir sus fronteras a los refugiados, como afirmó ayer el Ministro Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania, el Dr. Gerd Müller, al anunciar que Alemania debería acoger a 2000 refugiados: “La coalición de países voluntarios que quieran abrir sus fronteras a los refugiados deben liderar el camino”.

Las medidas que adoptemos hoy para los refugiados de terceros países serán las que regirán las condiciones de vida de millones de personas, incluidas muchas de nosotras, abocadas a migrar no sólo por razones de guerra y persecución, sino también debido al cambio climático y a la acelerada degradación de nuestro planeta. Ante una Europa que traiciona la universalidad de los derechos humanos, hemos de pensar globalmente y actuar localmente. Sólo así podremos abrir el camino hacia un mundo más justo, más solidario y más habitable.