La libertad de Prensa ha sido el gran logro de la democracia. Así de importante es la cuestión, y así lo resaltamos de manera contundente, sin rodeos. Lo creo desde siempre. La gran mayoría estamos de acuerdo en esa aseveración, en esa perspectiva.

El Periodismo, unido como está, y ha estado, a las Revoluciones Industriales y a los grandes tránsitos de la sociedad, verdadera depositaria del Derecho a la Información , es la base sobre la que se sostiene toda comunidad de gentes, de personas de bien. Precisamente porque es tan decisivo y determinante hallamos este derecho en las Constituciones liberales, en la Gran Carta Magna americana, en los principios democráticos de los Estados modernos y en el apartado de Derechos Fundamentales de la Constitución Española del 78, sin olvidar la Carta de los Derechos Humanos de 1948.

Por ello, me permito recordar algunas consideraciones, en la idea seria, sencilla y sin dobleces de ayudarnos todos a conservar uno de nuestros bienes más preciados: el de la comunicación veraz, sin segundas intenciones, clarificadora, plural, ecuánime, diestra, defensora de las minorías y de aquellos que nos refrescan los pensamientos con su anhelo, y su derecho, a disentir.

Recordemos que, dado que los profesionales de la información desarrollamos un papel básico, los distintos estamentos, las distintas corrientes societarias, no pueden, no deben, no podemos, ni debemos, poner objeción a las noticias que están debidamente documentadas y que son absolutamente veraces. Al mismo tiempo, no podemos, como sociedad plural que somos, aceptar que este tipo de situaciones de distorsión se produzcan.

Tengamos presente que, cuando los periodistas no actuamos con la suficiente diligencia, si fuera el caso, cabe que se pidan, que pidamos, las oportunas rectificaciones o la puesta en marcha de medidas legales siguiendo los procedimientos establecidos por las normas, pero jamás -atención- debemos tolerar que se realicen amenazas veladas o de viva voz. Hemos de reclamar sin ningún tipo de rodeos respeto para el trabajo de los profesionales, que cumplen, que cumplimos, nuestra función constitucional de servicio público y de interés general.

Es preciso que nos reiteremos de nuevo el hecho o la posibilidad siguiente: cualquier persona tiene derecho a acudir al ámbito de la Justicia cuando se sienta agredida por las informaciones aparecidas en cualquier medio periodístico. Hay resortes suficientes para que se desarrolle un derecho a la información eficaz, templado, vertebrador. Convengamos, reiteremos, y recalquemos que la libertad de informar es no solo un derecho, sino también un deber periodístico de calado social.

Añadamos, igualmente, sobre este último particular que la actividad de los poderes y de las Administraciones, de cualquier entidad pública y privada, si fueran el caso o el objeto de las informaciones periodísticas, está sujeta, por su propia naturaleza, al conocimiento y al control societario, eso sí, desde el respeto, desde la consideración plena de sus derechos y deberes. Parece lógico, ¿no? La sociedad, según la Ley, es la depositaria del derecho y del deber de informar. Como contrapeso o complemento a los poderes establecidos, los profesionales de la información hacen de vicarios o de representantes especializados de esa misma sociedad para conocer y divulgar aquello que ocurre y que tiene una cierta relevancia observando las reglas esenciales del buen periodismo. Cuando no sea así, habrá que decirlo también desde el propio colectivo periodístico.

Somos los mensajeros

No cabe por ello aceptar que los periodistas o sus medios sean los culpables de contar aquellas cosas que sean ciertas, reitero, si lo son, si son verdaderas. En determinados momentos, en ciclos de todo género, se convierte en una moda esta consideración, esta apreciación, que trata de lanzar una cortina de humo sobre actuaciones más o menos lícitas, intentando que el mensajero se lleve un golpe, quizá como aviso a posibles osados a contar la verdad de cada día en los más diversos planos de la sociedad a la que, repito, se debe el periodista.

Es claro que, si nos equivocamos, debemos rectificar, que, si no lo hacemos, están las leyes, y que éstas deben indicar el camino por el que hemos de caminar todos en consenso y en comunión normativa. La Federación de Asociaciones de Periodistas, con 20.000 socios en toda España, está trabajando muy arduamente en este plano.

Somos periodistas, amigos y amigas, hacemos una labor ardua cada día, para la que esperamos el apoyo de toda la sociedad, que deposita en nuestra profesión su confianza. Pedimos respeto para nosotros, de paso para nuestras familias, y, al tiempo, para todas las gentes a las que representamos con firmeza y fortaleza. A su vez, reclamamos el apoyo de toda la sociedad para que, sin llegar a ningún tipo de enfrentamientos, en los que particularmente no creo (con el conflicto no se arregla nada, de verdad), señalemos las tendencias, las posturas y las labores de algunos ejercicios periodísticos que seguramente no lo son o que pueden ser poco recomendables. Me refiero a los que no utilizan la máxima de la doble fuente para contrastar las noticias. Subrayemos que los periodistas somos sociedad.