En otros tiempos, cuando se hablaba de urbanismo, se pensaba que se trataba de las calles, las zonas verdes y el número de alturas que se podían edificar en un solar. Hasta ahí mas o menos llegaban los conocimientos y preocupaciones de los ciudadanos y la problemática urbanística de las pequeñas ciudades y pueblos de nuestra geografía.

Ahora, cuando hablamos de urbanismo, lo de menos, aunque tenga su importancia relativa es lo de la calle y el solar, lo importante y crucial es, en que modo y hasta qué punto el urbanismo modifica y afecta a nuestro nivel y calidad de vida, nuestras costumbres y nuestra cultura, nuestros espacios naturales y nuestro paisaje, nuestra población, nuestras infraestructuras, nuestra economía, nuestra agricultura y nuestras tradiciones y forma de vida, en suma.

Se trata de considerar y analizar si las alteraciones que se derivan del urbanismo y fundamentalmente las que son consecuencia de las grandes y nuevas urbanizaciones y la implantación de ciudadanos de otros países pueden resultar y en que medida, positivas o negativas para la calidad de vida de la población autóctona de nuestras ciudades y pueblos.

En esta ola de desarrollismo económico que nos invade, fundamentalmente en torno a la industria del ladrillo, que precisa de la cobertura legal que le dan los planes de urbanismo, esta cobertura legal es soslayada mediante la utilización torticera y perversa de los llamados convenios urbanísticos en los que todo vale tras la firma del alcalde y el promotor de turno para reclasificar terrenos rústicos tengan la naturaleza que tengan y las protecciones medioambientales que garanticen su no urbanización. El reciente asunto Zerrichera confirma este aserto.

Reclasificaciones urbanísticas para urbanizaciones con miles de viviendas y habitantes que por si solas o sumadas a otras duplican o triplican la población actual de los medianos municipios y que en otros pequeños municipios, como es el caso de Ulea se llega a una población potencial 30 veces superior a la actual. No se tiene medida de las cosas.

Tal como están las cosas, pudiera darse el caso y se han creado las condiciones necesarias para ello, que nuestros municipios multipliquen a corto o medio plazo su población en proporciones insostenibles y puesto que la población de la región no presenta incrementos vegetativos significativos, es más que previsible que este aumento tenga un origen foráneo, compuesto por turistas en un principio europeos y según las andanzas de los operadores turísticos probablemente también chino-asiáticos, así como los inmigrantes necesarios para prestar los servicios que la nueva población requiere.

El crecimiento de la población inmigrante nos plantea un nuevo interrogante ¿dónde van a vivir? Porque nadie se ocupa de ello, de la vivienda que precisarán y lo que es seguro, es que no van a vivir en las nuevas urbanizaciones ¿ocuparán las casas de campo o aparecerá un submundo de alquiler de ruinas y habitaciones inmundas? Como viene sucediendo en varias localidades.

¿Cómo van a convivir turistas, inmigrantes y población autóctona?

Los ciudadanos tienen que decidir democráticamente, mediante su participación en las grandes decisiones de su Ayuntamiento, que precio están dispuestos a pagar para que su calidad de vida no se vea mermada con un hipotético aumento del nivel de vida que vaticina el desarrollo urbanístico, cuál puede ser su techo de población y en que proporción de nativos-extranjeros, cuál puede ser su capacidad de acogida y hasta que punto están dispuestos a sacrificar y vender su territorio.  

Asimismo es fundamental tomar conciencia de, que nuevas necesidades se van a generar, a que precio y quien las va a pagar. Estas necesidades alcanzan no solo a los servicios urbanísticos de agua, saneamiento, electricidad, carreteras, etc, sino a los equipamientos educativos, sanitarios, sociales, administrativos, policía, bomberos, cementerios y un sinfín de dotaciones que en principio y muy probablemente en definitiva habrá que compartir.

Las decisiones hoy por hoy las toman nuestros políticos, y por muy democráticamente que hayan sido elegidos lo cierto es que el voto que se les dio no les faculta ni les da competencias reales para decidir en la forma que deciden, el futuro de los ciudadanos y del territorio municipal.

, se ha mantenido mas o menos estable en la pobreza o en la riqueza con gran dignidad, dignidad que no puede ni debe verse alterada ni mucho menos vendida a los “salva patrias” por limosnas que no son más que ofensas a la dignidad de los pueblos.

Y para los que piensen que esto es el maná, recuerden que las circunstancias se parecen cada vez más a lo de Bienvenido Mister Marshall.

Carlos F. Iracheta –Arquitecto Urbanista –

Nuestros pueblos y ciudades son lo que son, gracias a dos mil años de historia y sostenibilidad, el equilibrio entre medio ambiente, recursos naturales, medios de producción, economía y sociedad