El presidente de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE), Francisco Fernández, dirigió una carta a la presidenta de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI), Otilia Mo Romero, en la que le transmitió el malestar generado en las universidades, y especialmente en sus servicios editoriales, la última resolución de la Comisión (BOE 282, de 22 de noviembre de 2008).
Esta resolución, que establece los criterios de evaluación del profesorado, determina, en un buen número de áreas de conocimiento, que se considerarán especialmente relevantes aquellos trabajos que no estén publicados por la misma institución en la que trabaja el investigador.
La reivindicación fue secundada por los rectores de 24 universidades que están enviando escritos en el mismo sentido a la presidenta de la CNEAI.
Estas universidades son la Autónoma y Abat Oliva CEU de Madrid, y las de Alicante, Cádiz, Castilla-La Mancha, Córdoba, CEU Cardenal Herrera, CEU San Pablo, Deusto, Europea Miguel de Cervantes, Illes Baleares, Jaume I, La Laguna, La Rioja, León, Murcia, Oberta de Catalunya, Salamanca, Santiago de Compostela, Sevilla, UNED, Valencia y Vigo.
El presidente de la UNE afirmó en su carta que esta resolución supone “un claro perjuicio” para las editoriales universitarias españolas, “a las que presupone un comportamiento poco rigurosos y acientífico”.
Añadió que además, esta resolución refuerza la idea de que publicar en la propia Universidad “no tiene valor alguno” para fines curriculares o académicos.
“Esta situación –añade el escrito- está provocando que profesores y grupos de investigación opten cada vez más por publicar fuera de su Universidad los resultados de la investigación producidos y financiados por ella, cuando frecuentemente es en su marco territorial donde éstos tendrían mayor repercusión e interés social…”
Además, Fernández Beltrán recuerda en el escrito que las editoriales universitarias cuentan con comités editoriales y realizan una evaluación previa por pares de los trabajos que publican, “cuestiones que otras editoriales privadas no sólo no cumplen, sino que ni siquiera se les exige que acrediten como en nuestro caso”.
“Mientras que a las editoriales privadas se les presupone un comportamiento académico y científico, a los servicios de las propias universidades, que son las principales entidades generadoras y transmisoras de conocimiento de nuestro país, se nos niega de una forma totalmente incomprensible”, añade en la carta.
Así mismo, Fernández Beltrán, en nombre de las 59 editoriales asociadas a la UNE, pidió a la CNEAI que recapacite sobre el papel que juegan las editoriales universitarias, que representan el 7 por ciento de la producción nacional anual de libros y el 10 por ciento del fondo vivo, dan trabajo a 529 empleados fijos y gozan de un prestigio creciente en Latinoamérica, Estados Unidos y, en general, en los países donde interesa la cultura hispánica.
“Creemos que es urgente eliminar de los criterios de evaluación del profesorado toda mención que perjudique a la edición universitaria y reconocer, en términos al menos de igualdad, la labor que llevan a cabo los servicios editoriales de las universidades, resaltando que la coincidencia entre el lugar de procedencia del autor y de la editorial no afecta en absoluto a la calidad y rigor de los trabajos”, reclamaron las editoriales universitarias.