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El líder del Observatorio de Exclusión Social de la UMU pide a la Comunidad más eficiencia en el gasto educativo: «Ha subido y hay peores resultados»

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la verdad

«La Región de Murcia tiene una situación crónica de niveles de pobreza». Y eso ocurre pese a que la situación ha mejorado desde 2014, año en que las carencias afectaban al 37% de la población. Ese fue el principal mensaje que el director del Observatorio de Exclusión Social de la Universidad de Murcia (UMU), Manuel Hernández Pedreño, dejó ayer, durante su intervención ante la Comisión Especial de Pobreza y Exclusión de la Asamblea Regional. No fue su única llamada de atención: la mejoría económica del último bienio no tiene en la población el reflejo correspondiente a los recursos destinados. En concreto, puso el foco sobre la situación de la educación. «No estamos siendo eficientes. Gastamos más que antes y hay peores resultados», dijo en relación a la tasa de abandono escolar.

El experto atribuyó esta situación a la «falta de compromiso político», que se demuestra en la «carencia de planes de inclusión social multidimensionales» y de optimización del gasto, y al «contexto desfavorable», marcado por la alta incidencia de la pobreza en la población joven y, sobre todo, en la inmigrante.

En una intervención que se prolongó durante cerca de dos horas, Hernández Pedreño destacó que las tasas de pobreza de Murcia siguen siendo de las más altas de España, pese a su disminución en nueve puntos durante los tres últimos años. El experto lo atribuyó a un modelo social que necesita una mejor definición y que depende en demasía de un tejido económico «vulnerable», puesto que la masa poblacional con menos cualificación depende en gran parte de la actividad agraria y del turismo, que son estacionales y tienen sueldos bajos.

«Algo no funciona bien»

«Algo no está funcionando bien», puso de relieve antes de señalar que el aumento de la Renta Básica de Inserción, que ha pasado de 300 a 426 euros, no es suficiente para sacar a la gente de la pobreza porque esa segunda cantidad está por debajo del salario mínimo. Además, Hernández destacó que la Región es la decimocuarta comunidad autónoma con peor índice global en exclusión social, pues hay más población vulnerable, como la joven, los extranjeros extracomunitarios y los habitantes de las zonas rurales. El profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la UMU hizo hincapié en un detalle revelador: el gasto educativo en la Región es superior a la media nacional y, sin embargo, la tasa de abandono escolar empeora.

La diputada socialista Consuelo Cano reconoció que el gasto social ha aumentado en los últimos años, aunque lamentó que no se optimice por la falta de diagnóstico del Ejecutivo regional. Juan José Molina, de Ciudadanos, destacó otra de las carencias advertidas por el compareciente: la falta de estadísticas regionales completas para poder sacar conclusiones que ayuden a Murcia a remontar la situación.

Rosario Montero, del PP, aseguró que el Ejecutivo regional destina 40 millones de euros a ayudas sociales y que su «política social es la creación de empleo». Sin embargo, para la diputada de Podemos María Ángeles García Navarro, que dijo sentirse avergonzada por las altas tasas de exclusión, el PP «nos condena a ser una región pobre» con sus políticas sociales.

 

 

 


VII INFORME DE LA EAPN

El Estado de la pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España 2008-2016.

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social presenta su séptimo informe anual de seguimiento del indicador AROPE -At Risk Of Poverty and/or Exclusion- en España y sus comunidades autónomas, que ofrece a la sociedad española y europea una evaluación minuciosa del grado de cumplimiento del objetivo social especificado en la estrategia 2020 para el conjunto del territorio nacional, así como de las consecuencias de la crisis y de las políticas implementadas para enfrentarse a ella en el ámbito de la pobreza y/o exclusión social.


ENTREVISTA A MARC SIMÓN. DIRECTOR DEL ÁREA DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE LA CAIXA

Las Obras Sociales de las Cajas de Ahorro en España y su influencia en el tercer sector y en las políticas sociales. Un proceso en transformación.

Las cajas de ahorro en España se constituyen históricamente como entidades de crédito sin ánimo de lucro, con el objetivo de luchar contra pobreza y la exclusión social aproximando el crédito a las poblaciones más vulnerables de nuestra sociedad. Su origen se remonta a los Pósitos y a los Montes de Piedad allá por los siglos XVII y XVIII. Por tanto su origen está muy vinculado con los propios fines, valores y principios del tercer sector de acción social.

 

¿Podemos considerar la obra social de las Cajas de Ahorro como una parte integrante del Tercer Sector de Acción Social?

Los más de 100 años de historia de las Obras Sociales de las Cajas de Ahorro nos han dejado la evidencia de ser unas de las principales entidades colaboradoras con las tradicionales entidades integrantes del tercer sector de acción social. Más en concreto, la de la Obra Social de “la Caixa” que es de la que mejor puedo hablar, ha trabajado de manera intensa y conjunta con las entidades sociales, para conseguir los fines fundacionales de ayudar a paliar las diversas situaciones de vulnerabilidad que se dan en la sociedad actual, lo cual evidencia que los objetivos últimos tanto de las entidades del tercer sector como de las obras sociales son similares.

 

¿Cuáles han sido los mecanismos y los instrumentos de colaboración entre la Obra Social de las cajas de ahorro y el Tercer Sector de Acción Social, a la vez que con las facultades y escuelas de trabajo social?

En el año 2009 la CECA publicaba un informe en el se evaluaba el impacto de las obras sociales de las cajas de ahorro en el tercer sector de acción social en España, concluyendo que la aportación de las Cajas de Ahorro ha sido determinante para el desarrollo del tercer sector de acción social, habiendo contribuido de manera significativa a su sostenibilidad financiera, profesionalización, innovación e incremento de la calidad en la provisión de bienes y servicios. Con una inversión total en obra social de 2.058 millones de euros en la anualidad 2008, las cajas se configuraban como un actor social que contribuía de manera determinante en el desarrollo del Estado del Bienestar en España.

La crisis económica y financiera ha justificado el inicio de un proceso de reestructuración bancaria que ha llevado a muchas cajas a procesos de fusión, integrándose en un banco o a otras, como ha sido el caso de la Caixa, que sin proceso de fusión ha creado su propio banco, separando la actividad financiera de la obra social. Este proceso ha dado como resultado la aprobación de la nueva Ley de Cajas de Ahorro y fundaciones bancarias en diciembre de 2013.

En este escenario observamos con preocupación cómo los fondos destinados a la Obra Social por parte de las Cajas de Ahorro y los bancos resultantes se está reduciendo de manera significativa, desde los referidos 2.048 millones del año 2008, a los 1.462 millones del año 2010 y desde ahí, hasta los 1.125  millones en 2011.

En lo que hace referencia al concepto genérico de “Obras Sociales”, entiendo que su relación con las entidades del tercer sector se ha dado principalmente de dos maneras, la primera a través de las convocatorias a proyectos sociales, a veces más estructuradas, y a veces en forma de subvención directa en el que las Obras Sociales se han erigido como financiadoras de proyectos de entidades del tercer sector de acción social. La segunda, más estructurada, pero que a la vez requiere de mayor capacidad económica, a través de la participación por parte de las entidades en programas definidos de manera única, en el que las distintas entidades implementan un modelo común de acción social, que tiene como valor añadido la capacidad de levantar y documentar una metodología capaz de mejorar situaciones concretas de vulnerabilidad que afectan a nuestra sociedad.

La referencia que hace a la disponibilidad global de fondos tiene relación con la situación de crisis económica que también está afectando a las propias Administraciones Públicas y a la dificultad de generar recursos económicos. En el caso de “la Caixa”, hemos conseguido realizar las acciones necesarias, de la mano de una gestión empresarial absolutamente profesional, que nos han permitido mantener por séptimo año consecutivo el presupuesto de la Obra Social. Por tanto, no creo que la discusión esté en la fórmula jurídica, sino en la capacidad de diseñar estrategias para seguir disponiendo de recursos que les permitan seguir con la actuación social. Muy posiblemente el cambio debería de poner encima de la mesa como la función social debería estar conectada con la función empresarial de manera genérica, ya que toda actividad empresarial acaba teniendo repercusión en la sociedad y, en alguna medida, también debe sus perspectivas de futuro al futuro de la sociedad en la que opera.

En lo que respecta a la relación con las facultades y escuelas de trabajo social solo puedo responderles desde la propia experiencia de la Obra Social de “la Caixa”. En nuestro caso, entendemos que el núcleo de la Acción Social tiene que ser el centro que consiga definir de manera correcta la mayor parte de actuaciones que emanan de cualquier programa social, puesto que es la única garantía de que aquellas personas que están viviendo situaciones de dificultad recibirán una ayuda encaminada a ayudarles a resolver su problema. Esto es importantísimo desde una perspectiva de eficiencia social y de asegurar el mejor empleo posible de los recursos de los que se dispone entre todos aquellos que estamos trabajando con estos objetivos comunes. El resultado de esta premisa nos ha llevado a definir que una serie de actuaciones que están detrás de nuestros programas solo pueden ser llevados a cabo por profesionales preparados, que por tanto provienen de estas facultades y escuelas, a la vez que, en muchos casos, nos llevan también a buscar la experiencia de los profesionales que están al frente de estos centros para que también nos ayuden como directores científicos de nuestros programas, a la par que, en caso de necesitar impartir formación a profesionales, en muchos casos lo hacemos también de la mano de las universidades como mejor manera de colocar también el conocimiento referido a la acción social en el lugar que le corresponde.

 

¿El proceso de restructuración de las cajas de ahorro en España y el proceso de fusión, separando la actividad financiera de la actividad social, puede estar incidiendo negativamente en la obra social de las cajas y en sus originales objetivos sociales?

En nuestro caso no es así. Desde hace muchos años la Obra Social se ha nutrido de una parte del beneficio recurrente que producía la actividad financiera. En la situación actual, “la Caixa” que aún sigue en este momento como Caja de Ahorros, y que antes de final de año deberá cambiar su figura jurídica a Fundación Bancaria, dispone de unas acciones de CaixaBank y de una cartera de acciones de otras importantes entidades empresariales. De los rendimientos que obtiene “la Caixa” decide la acción a realizar con ellos, que no es otra que la de seguir actuando en la Obra Social. En este momento, los órganos de control como Caja de Ahorros son los que garantizan que esto siga de esta manera, y cuando se transforme en Fundación Bancaria el patronato que tenga también sabrá preservar esta actividad. En nuestro caso, además, el convencimiento de todos nuestros niveles de decisión, empezando por el propio Presidente, hace de aval de que esto seguirá siendo así.

 

¿En este contexto convulso, puede llegar a desaparecer la Obra Social de las Cajas o a tener un papel residual?

Como en cualquier contexto, es necesario disponer de recursos económicos para poder hacer cualquier actividad. La fuerte crisis económica que ha afectado de manera importante a las entidades financieras ha provocado que estos recursos se reduzcan de manera importante para muchas entidades, e incluso ha llegado a plantear serias dudas sobre su viabilidad de futuro. Las entidades que se han encontrado así son las que han desaparecido o han disminuido en mucho su capacidad de seguir actuando. En muchos de los casos, al pasar a Fundación Bancaria pueden seguir estando presentes, aunque con la nueva realidad de recursos de los que pueden disponer. Esta situación no hubiese sido mejor en el contexto anterior, ya que muchas de estas entidades pasaron de poder contar con beneficios a tener pérdidas, motivo por el cual tampoco hubieran podido seguir actuando.

 

¿Cómo se plantea a futuro, la Obra Social la Caixa, su relación con el Tercer Sector de Acción Social?

Desde la Obra Social de “la Caixa” hace ya muchos años que decidimos que la manera más responsable de implementar nuestra Obra Social para llegar a los colectivos más vulnerables era a través de las entidades del tercer sector de acción social que son las que ya están en contacto con ellos. Pensamos que el hacerlo así dota al sistema de una mayor eficiencia global, a la vez que les da un valor añadido a estos colectivos, ya que, más allá de lo que un programa concreto puede ofrecer, la relación con una entidad social puede servir de acompañamiento a estos colectivos en otros aspectos colaterales importantísimos para que puedan salir de la situación de vulnerabilidad en la que están. Es por este motivo que nos planteamos el seguir actuando de manera general con las entidades, a la vez que fomentar de manera activa la colaboración entre las distintas entidades en clave de territorio, para ayudar a que la suma de sus actividades multiplique los efectos en los colectivos a los que se dirigen.

A toda esta coordinación y trabajo real en red en el territorio le añadimos otro elemento más que nos parece absolutamente crucial en el momento actual, que es la colaboración con la Administración en los programas que se implementan. Es necesario construir y conseguir una efectiva colaboración público privada que entienda la necesidad de sumar esfuerzos y de que es necesario el concurso de todos para que nuestra sociedad pueda progresar. Ninguna administración en el entorno actual dispondrá de suficientes recursos para poder atender a todos sus ciudadanos, y es necesario que sumemos el esfuerzo de todos, administraciones, entidades del tercer sector de acción social y entidades de iniciativa privada como la nuestra para poder afrontar el reto que la crisis nos ha dejado encima de la mesa.

 

El proceso de transformación de las Cajas de Ahorro en Fundaciones, que se ha puesto en marcha, ¿puede suponer un escenario propicio para que el Tercer Sector de Acción Social, se integre y participe en las mismas, reforzando sus objetivos sociales?

En nuestro origen, como entidad promovida por distintos sectores de la sociedad, ya tenemos representantes de distintas entidades sociales dentro de nuestros órganos de gobierno. Si entendemos que la transformación en Fundaciones Bancarias deja como principal objetivo de estas fundaciones poder seguir adelante con la Obra Social, posiblemente este nuevo escenario pueda propiciar para muchas de estas Fundaciones que el peso de las entidades del tercer sector de acción social dentro de sus órganos pueda ser aún más importante, actuando también de esta manera como garantía de que se pueda mantener la actividad esencial de las Obras Sociales ahora transformadas en Fundaciones Bancarias, que no es otra que incidir de manera directa con su Obra Social en la mejora de la sociedad.


ENTREVISTA A LUCIANO POYATO. PRESIDENTE DE LA PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR.

Proceso de articulación del tercer sector de acción social en España. El valor de las alianzas y del dialogo civil en el siglo XXI. La gobernanza democrática en las políticas sociales.

Algunos de los elementos que han caracterizado al tercer sector de acción social en España son la heterogeneidad, la diversidad y la atomización, contando con diversas formas jurídicas, con diferentes ámbitos territoriales de intervención, con diferentes modelos y culturas organizativas, atendiendo a diferentes colectivos sociales y mostrando una fuerte dispersión de recursos y servicios. Desde esta realidad ¿Cómo se ha conseguido avanzar desde una cultura de la competencia y la ocultación hacia otra de la cooperación, la colaboración y el trabajo en red entre organizaciones sociales del tercer sector de acción social?

Me sorprende el planteamiento porque no tengo la impresión de que el tercer sector sea un entorno que destaque por la existencia de una mayor “competencia y ocultación”. Más bien todo lo contrario.

Lo que sí percibo con mucha claridad es que nuestro mundo ha cambiado. La
sociedad ha evolucionado extraordinariamente en la última década hacia una necesidad de mayor participación. Existe una exigencia, por parte de la  ciudadanía en lo que se refiere a la transparencia. Hay un mayor espíritu de colaboración por parte de las personas y lo que está claro es que l tercer sector y las organizaciones que lo integran, es decir las ONG, no proceden de un universo aparte. Somos personas de esta sociedad que reclama colaboración y transparencia.

Las ONG estamos comprometidas con la transformación de una realidad que no nos parece justa. Formamos parte de esa ciudadanía activa que ya no acepta las viejas relaciones de poder y busca modelos basados en la cooperación y en el apoyo mutuo.
Diversidad, heterogeneidad… sí me parecen adjetivos que se pueden adjudicar a nuestro sector. Hemos reconocido recientemente, en un ejercicio de autocrítica muy saludable, nuestra necesidad de realizar mejoras internas para avanzar.
Precisamente, de ahí surge la Plataforma del tercer sector, como fórmula de
colaboración y búsqueda de consenso entre las distintas voces que reclaman
participación.

¿Cómo ha sido el proceso de articulación del sector en torno a la nueva Plataforma del Tercer Sector? ¿Cuál ha sido el proceso de creación y quien la integra?

No ha sido un proceso fácil, la articulación del tercer sector ha supuesto tiempo y esfuerzo por parte de todos. Desde la creación de las primeras plataformas sectoriales, hace casi treinta años, hasta la constitución de la plataforma del tercer sector en enero de 2012, hemos vivido distintas etapas de crecimiento y cohesión interna dentro de los diferentes movimientos asociativos. Hemos estado centrados en la búsqueda de valores compartidos y desde luego en la atención a los colectivos en riesgo de exclusión.
La Plataforma del Tercer Sector persigue entre sus objetivos el avanzar en aquellas cuestiones que nos unen como sector, con el convencimiento de que podamos avanzar en la construcción de un mundo donde quepan todas las personas.

En estos momentos, la organización está integrada por las siete fundadoras de este proyecto: Plataforma del Voluntariado de España, la Plataforma de ONG de Acción Social, la EAPN Red Europea de Lucha contra la pobreza y la exclusión social, el CERMI, Cruz Roja Española, ONCE y Cáritas. Además se han sumado las nuevas plataformas autonómicas que son: Mesa del Tercer Sector de Andalucía y Plataforma del Tercer Sector de Extremadura. Junto a ellas existen otras entidades colaboradoras con las que se mantiene una estrecha relación: la Plataforma de Organizaciones de Infancia, el Instituto para la calidad de las ONG ( ICONG) y la Fundación LARES.
En la base asociativa de la Plataforma del Tercer Sector, por otra parte, figuran casi 30.000 asociaciones repartidas por todo el Estado. Es una gran responsabilidad ser la voz de tantas causas y luchas tan diversas.

¿Cuáles han sido los principales logros alcanzados a través del proceso de articulación del tercer sector de acción social en España?

Hemos ido consiguiendo numerosos logros a lo largo de este proceso. Sin duda, uno de los más importantes ha sido la creación de un espacio de cohesión donde todas las entidades tenemos la oportunidad de aportar nuestra voz y compartir valores, un espacio donde reina un espíritu de participación, de diálogo y donde procuramos dar visibilidad a las distintas causas y colectivos por los que trabajamos.
Siendo pragmáticos, a lo largo de estos dos años y medio de vida hemos conseguido crear un espacio de interlocución directo con el Gobierno de España. Hemos logrado la creación de la mesa de diálogo civil, que cuenta con una agenda en la que figuran las principales preocupaciones del tercer sector.

Por otra parte, estamos tratando de afianzar un modelo de financiación que permita seguir prestando servicios a las personas que lo necesitan y mantener la reivindicación de derechos sociales. Para afianzar dicho modelo trabajamos activamente para que se apruebe una ley del tercer sector y una ley de subvenciones, que permita vencer las dificultades que tenemos en este momento.

Por otra parte, hemos redactado un borrador de propuestas con medidas urgentes para la lucha contra la pobreza y la exclusión en nuestro país.

¿En qué consiste y que ha significado la creación de la mesa de Dialogo civil? ¿Se puede extender esta experiencia al ámbito de las comunidades autónomas?

La mesa de diálogo civil es un espacio de interlocución real entre el tercer sector y el gobierno de la nación. La presencia de la Plataforma del Tercer Sector en esta mesa, en representación de todo el tercer sector, coloca en la agenda política del gobierno las principales preocupaciones que viven las entidades sociales en estos momentos. Permite superar la limitación de ser un órgano consultivo para pasar a tener una voz real en lo que se refiere al diseño de políticas sociales.

La existencia de espacios de interlocución entre la Administración y el tercer sector tiene unas ventajas más que evidentes, no obstante lo más importante es contar con unos canales de comunicación y coordinación que permitan avanzar en favor de la igualdad de derechos de todas las personas, rompiendo la brecha de las diferencias territoriales en lo social y buscando la equidad.

Aunque existen diferencias claras entre las organizaciones que integran la economía social, la economía solidaria y el tercer sector, también son muchas las señas de identidad que los relacionan, siendo necesario avanzar en la superación de las separaciones existentes entre ellas, de forma que se pueda avanzar hacia una construcción de un tercer sector que integre los tres niveles, manteniendo sus diferencias.

De acuerdo con la Ley 5/2011 de Economía Social forman parte de la economía social las cooperativas, las mutualidades, las fundaciones y las asociaciones que lleven a cabo actividad económica, las sociedades laborales, las empresas de inserción, los centros especiales de empleo, las cofradías de pescadores, las sociedades agrarias de transformación y las entidades singulares creadas por normas específicas que se rijan or los siguientes principios:

– Primacía de las personas y del fin social sobre el capital, que se  concreta en gestión autónoma y transparente, democrática y participativa, que lleva apriorizar la toma de decisiones más en función de las personas y sus aportaciones de trabajo y servicios prestados a la entidad o en función del fin social, que en relación a sus aportaciones al capital social.
– Aplicación de los resultados obtenidos de la actividad económica
principalmente en función del trabajo aportado y servicio o actividad  realizada por las socias y socios o por sus miembros y, en su caso, al fin social objeto de la entidad.
– Promoción de la solidaridad interna y con la sociedad que  favorezca el compromiso con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades  entre hombres y mujeres, la cohesión social, la inserción de personas en riesgo de exclusión social, la generación de empleo estable y de calidad, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la sostenibilidad.
– Independencia respecto a los poderes públicos.

De acuerdo con la propia definición que hace la Red de entidades de economía
solidaria y alternativa, “la economía solidaria, es un enfoque de la actividad económica que tiene en cuenta a las personas, el medio ambiente y el desarrollo sostenible y sustentable, como referencia prioritaria, por encima de otros intereses”.
La economía solidaria en sus formas más diversas es una manera de vivir que abarca la integralidad de las personas y designa la subordinación de la economía a su verdadera finalidad: proveer de manera sostenible las bases materiales para el desarrollo personal, social y ambiental del ser humano.

La referencia de la economía solidaria es cada sujeto y las comunidades creadas desde las iniciativas sociales, por lo que no se la identifica según los beneficios materiales de una iniciativa, sino que se define en función de la calidad de vida y el bienestar de sus miembros y de toda la sociedad como sistema global”.

En el ámbito de la economía solidaria se encuentran las organizaciones vinculadas con el comercio justo, las financias éticas, el mercado social, el consumo responsable, los bancos del tiempo, las monedas solidarias, etc.

El tercer sector de acción social se articula en torno a la plataforma del tercer sector, el mundo de la economía social en CEPES y el de la economía solidaria en REAS, pero son muchas las interrelaciones entre estos tres ámbitos del tercer sector y sus principios y valores son compartidos.

CEPES y REAS aglutinan en su seno a entidades del denominado tercer sector de acción social, al igual que este integra a entidades de la economía social y solidaria

¿Cuáles son los vínculos entre economía social, economía solidaria y tercer sector de acción social? ¿El tercer Sector de Acción Social es economía social, o las empresas de la economía social y solidaria están integradas en el tercer sector de acción social? ¿Cuáles deben ser las vinculaciones, el nivel de coordinación e integración entre el mundo de la economía social y el tercer sector de acción social?

La economía social y la acción social son dos caras de una misma moneda. Cada una de ellas juega un papel fundamental en esta sociedad y contribuye de manera diferente pero complementaria a paliar las situaciones de desigualdad que sufren laspersonas.

Los valores que están presentes en las actividades de la economía social, así como en las entidades del tercer sector deben ser similares y por tanto han de centrarse en el desarrollo de toda la sociedad, partiendo de unos principios basados en la sostenibilidad social.

La superación de las etiquetas que nos encasillan es uno de los grandes retos que debemos afrontar. Buscar aquello que nos une, descubrirlo y potenciarlo debe ser el impulso que nos mueva en nuestras respectivas actuaciones individuales.

La superación de las etiquetas que nos encasillan es uno de los grandes retos que debemos afrontar. Buscar aquello que nos une, descubrirlo y potenciarlo debe ser el impulso que nos mueva en nuestras respectivas actuaciones individuales.
Las necesidades de las personas y de los distintos colectivos a los que representamos son muy variadas, las realidades existentes dentro del tercer sector tienen puntos de partida muy diferentes. El gran reto, por tanto, consiste en que las empresas o centros de economía social tengan en cuenta la gran diversidad que existe entre las entidades que conforman el tercer sector y hagan propuestas en favor de un mundo más igualitario.
Tenemos que explorar nuevas formas de colaboración encaminadas a que las entidades sociales establezcan un contacto saludable con las empresas de economía social. Es importante que exista muy buena comunicación y que se establezcan lazos de colaboración entre los dos sectores.

Las entidades sociales tenemos un conocimiento exacto de cuáles son las auténticas necesidades de las personas. Toda nuestra experiencia la podemos y queremos poner a disposición de aquellas iniciativas, públicas o privadas, que permitan generar riqueza para el conjunto de la sociedad. Actualmente son muy necesarios los proyectos que contribuyan a construir una sociedad más justa y más inclusiva.

 


ENTREVISTA A JUAN LARA. PRESIDENTE DE LA POAS

Una aproximación al concepto del tercer sector de acción social, a su misión, visión, dimensión, principios, valores y objetivos estratégicos.

Cuando hablamos de tercer sector de acción social, lo hacemos en contraposición al Estado configurado por las diferentes administraciones públicas (estatal, autonómica y local) que se configura como el denominado primer sector y frente a las empresas y organizaciones con ánimo de lucro que constituyen el mercado y se han dado en denominar segundo sector. El tercer sector en la provisión de bienes y servicios a los ciudadanos y ciudadanas se sitúa entre la familia, el Estado y el mercado. Surge de la sociedad civil y a la sociedad civil organizada representa.

¿Cómo define el II Plan estratégico elaborado desde la POAS al tercer sector de acción social?

Aún manteniendo la diferenciación que se cita, el Tercer Sector de Acción Social (TSAS) hace tiempo que se define por sí mismo y no en “contraposición” a los denominados primero y segundo sector con los que, de manera habitual, colabora estrechamente con el objetivo de garantizar los derechos sociales y generar cambio social. El TSAS se define a sí mismo como “el ámbito formado por entidades privadas de carácter voluntario y sin ánimo de lucro que, surgidas de la libre iniciativa ciudadana, funcionan de forma autónoma y solidaria, tratando, por medio de acciones de interés general, de impulsar el reconocimiento y el ejercicio de los derechos sociales, de lograr la cohesión y la inclusión social en todas sus dimensiones y de evitar que determinados colectivos sociales queden excluídos de unos niveles suficientes de bienestar”. Esta definición se viene utilizando desde hace años en los documentos, como en el “II Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social”, e incluso en documentos legislativos como la “Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas con dependencia”.

 

¿Cuáles son los principios y valores que enmarcan su acción en España? ¿Qué dimensión tiene el tercer sector en España en términos de atención a las personas y de generación de empleo y voluntariado?

En un marco conceptual que no puede ser otro que el de la garantía de los derechos sociales, el II Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social nos muestra unos principios que mueven y marcan su acción. En primer lugar, desarrollar la Acción Social teniendo la inclusión y la cohesión social como objetivos nucleares; enfocar esta acción desde la perspectiva de género; y que la participación social se integre en las estrategias y objetivos, teniendo en cuenta al voluntariado como uno de sus modelos.

En segundo lugar, generar una cultura organizativa basada en la toma de democrática de decisiones; la trasparencia y la responsabilidad social. Y por último, el tener una concepción de la producción económica y la generación de empleo basada en los principios de justicia y equidad con las personas; la solidaridad y responsabilidad con la sociedad, y la sostenibilidad con el medioambiente.

Existen unos valores consensuados que enmarcan nuestra acción:

La Defensa de Derechos, las organizaciones del TSAS, sea cual sea su actividad están comprometidas con la defensa de los derechos sociales y la denuncia de su vulneración.

La Igualdad, la Justicia social y no discriminación, para la construcción de una sociedad en la que todas las personas tengan su espacio social.

La Solidaridad, entendida como la responsabilidad compartida entre las organizaciones del TSAS y los colectivos y personas más desfavorecidos.

La Promoción de la participación de los ciudadanos y ciudadanas, de las personas más vulnerables, y de los organismos donde éstas participan, con el fin de promover la elaboración de políticas y actividades en base a sus intereses y opiniones. Independencia, jerárquica, funcional e institucional con respecto a los poderes públicos, económicos y sociales.

Compromiso con la transformación social, la orientación a las personas y la adaptación al cambio para satisfacer las necesidades y expectativas de las personas y colectivos destinatarios de la acción.

Transparencia, Garantía de acceso a la información relevante del Tercer Sector de Acción Social y sus organizaciones a la sociedad.

La rendición de cuentas, hacer públicos el modo de gestión, la labor desempeñada anualmente por las entidades y, muy especialmente, su balance social como organización.

Pluralidad, reconocimiento de la diversidad del sector, que garantiza su representatividad a través del intercambio mutuo, la democracia interna, la participación y el voluntariado.

Respecto a la dimensión del Tercer Sector en España, en términos de atención a las personas y de generación de empleo y voluntariado, la Plataforma de ONG viene realizando desde hace siete años un seguimiento de las personas que colaboran en la actividad de sus organizaciones socias, ya sea de manera remunerada o voluntaria. Por ello, respecto a las personas asalariadas podemos afirmar que cerca de 87.000 prestaban sus servicios laborales en las organizaciones de la Plataforma de ONG en el año 2012. Tomando el dato del año 2010 del Anuario del Tercer Sector de Acción Social en España en el que se afirma que el número de personas trabajadoras en las organizaciones sociales en España era de 636.000 personas, podemos afirmar que en el año 2010 la Plataforma de ONG englobaba al 14,53% de las personas que trabajaban en las organizaciones sociales en España. Además sobre el total de cerca de 87.000 personas trabajadoras, podemos afirmar que corresponden al 0,51% del mercado laboral en España en el año 2012.

Con respecto a las personas voluntarias se puede afirmar, que 367.000 personas colaboran en la actividad de las organizaciones de la Plataforma de ONG de manera voluntaria, con un aumento del número de personas voluntarias constante en el periodo 2007-2012. Tomando el dato correspondiente al año 2010 del Anuario del Tercer Sector de Acción Social en España en el que se constata que el número de personas voluntarias en las organizaciones sociales en España era de 1.075.000 personas, así pues, en el año 2010 la Plataforma de ONG englobaba al 32,83% de las personas que voluntarias que colaboraban en las organizaciones sociales en España. Además sobre el total de 367.000 personas voluntarias, podemos afirmar que corresponden al 1,59% de la población activa en España en el año 2012.

En relación a las personas atendidas por las organizaciones socias de la Plataforma de ONG, en primer lugar sobre el total de personas atendidas, existe una evolución al alza hasta alcanzar la cifra total de 12.550.000 personas, que equivalen al 26,87% de la población de España en 2013. Lo mismo ocurre con la extrapolación de las personas atendidas según los colectivos que marca la convocatoria de subvenciones con cargo a la asignación tributaria del IRPF, que tras una trayectoria ascendente nos arroja un dato en 2012 de 6.900.000 personas atendidas, que equivalen al 14,77% de la población de España.

¿Qué tipo de organizaciones integran el denominado tercer sector de acción social en España?

En principio la heterogeneidad de fórmulas legales se refleja en el TSAS, influye en la identidad del sector. Se continúa manteniendo que el sector se siga definiendo por “lo que hace y las razones por las que lo hace” en mayor proporción que definirse ”por lo que es”. A la principal actividad del TSAS, su atención a los colectivos más vulnerables, se han añadido la defensa de los derechos sociales y la promoción del voluntariado.

De tal modo que desde el TSAS se avanza hacia una definición muy amplia de objetivos y de población destinataria porque los derechos sociales y la posibilidad de participar en el voluntariado son aspectos que afectan al conjunto de la población. De este modo, los perfiles de acción del sector van desde la puesta en marcha de líneas de intervención muy diversas, y en ocasiones complementarias (investigación, información, sensibilización, asesoramiento, orientación, formación, educación, coordinación y organización de entidades, o incidencia política), hasta el trabajo específico sobre determinadas temáticas (inserción laboral, promoción del voluntariado, acceso a la vivienda, atención sociosanitaria, atención psicosocial, inclusión social….), pasando por la provisión de recursos muy concretos (en centros propios o conveniados con la Administración, ayudas económicas, alimentación, apoyo educativo, actividades formativas, etc.) y el desarrollo de metodologías diversas (trabajo comunitario, animación sociocultural, intervención social, educación social, formación sociolaboral, etc.). Además a la actividad del sector se suman otros actores con distinta incidencia.

¿Cuál es el modelo de relación entre las organizaciones del tercer sector de acción social y las facultades universitarias de trabajo social? ¿Cómo se pueden fortalecer estas relaciones?

La relación con las universidades en general, es uno de los caballos de batalla del TSAS que no termina de cuajar, si bien se desarrollan multitud de convenios con universidades, sí que es verdad que habría que impulsar el dar un paso adelante hacia una colaboración más fluida, que generase un mayor impacto en la sociedad. Este paso adelante, el fortalecimiento de las relaciones, puede llevarse a cabo detectando objetivos comunes, y sobre estos objetivos trabajar en proyectos conjuntos. Además este tipo de proyectos compartidos entre diferentes ámbitos son muy valorados, por ejemplo, en los programas sociales europeos.

Si bien en la Plataforma de ONG de Acción Social, tenemos diversos convenios de colaboración con algunas universidades españolas, si es verdad que no hemos podido colaborar, por el momento, con alguna Facultad Universitaria de Trabajo Social. Sí que es cierto que el Colegio de Trabajo Social, ha colaborado en los grupos y talleres de los procesos estratégicos del Tercer Sector de Acción Social.

La Plataforma de ONGs de Acción Social, que usted preside ha coordinado los trabajos para la elaboración del II Plan Estratégico del tercer sector en España. De acuerdo con el diagnóstico de esta planificación estratégica, ¿cuáles son las principales fortalezas y debilidades que el sector presenta en estos momentos?

Respecto a las disfunciones observadas en el diagnóstico del Tercer Sector, destacan las relacionadas con tres campos diferenciados, con la producción de bienes y servicios, los relacionados con la incidencia política, y en tercer lugar los que tienen relación con la sensibilización social.

En lo referente a la Producción de Bienes y Servicios, genera disfunciones la dependencia de los recursos de las administraciones para la ejecución de esta función, la intensificación de la competencia entre las entidades sociales, y la creciente presencia del mercado en la prestación de servicios. En referencia a la incidencia política, el TSAS no es un actor considerado decisivo, sí lo es informado o consultivo, en las negociaciones de las políticas públicas. Por último en referencia a la sensibilización social, como sector, el TSAS no tiene suficientes mecanismos para la información, la comunicación y la sensibilización social, aunque algunas entidades sí disponen de ellos.

Respecto a las principales oportunidades detectadas, destacan la posibilidad de lograr una mejor articulación del sector debido a la necesidad de que las organizaciones deban iniciar un proceso de diálogo, búsqueda de sinergias y mejores organizaciones, más allá de los intereses individuales. La posibilidad de alcanzar mayor eficiencia en el trabajo, debido a que la carencia de  recursos ha obligado a hacer esfuerzos para no mermar o reducir lo mínimo posible su capacidad operativa. El incremento del compromiso de las personas dentro de las entidades, o el aumento del voluntariado, y la tendencia a compartir servicios, tanto transversales como directos.

Desde la Plataforma de ONGs de Acción Social se coordina la campaña de comunicación en relación con la casilla de otros fines de interés social en la asignación tributaria del IRPF ¿Qué significan estos fondos en el actual modelo de financiación de la acción social en España?

Aunque los fondos de la casilla de otros fines de interés social en la asignación tributaria del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), es un pequeño porcentaje de los ingresos anuales del TSAS, su importancia es crucial para la sociedad. Esta asignación es la única que permite a las personas contribuyentes elegir el destino de una pequeña parte de los impuestos, en concreto les permite destinar un 0,7% de su cuota íntegra del IRPF a Fines Sociales. Al marcar la cruz de fines sociales las personas contribuyentes, más de diez millones en el último año, ayudan a casi seis millones de personas en los límites de la exclusión social, que de otra manera no recibirían atención. En el año 2013, gracias a la asignación tributaria de las  personas solidarias se cofinanciaron 1.135 programas o proyectos llevados a cabo por 447  organizaciones no lucrativa. Esta asignación no financia las estructuras o funcionamiento de estas ONG.

Una de las características que resalta la importancia de estos fondos son los programas prioritarios que financian, como los programas de urgencia dirigidos a las necesidades básicas de las personas en situación de pobreza; programas orientados hacia la prevención y la lucha contra la pobreza y la exclusión social; o los programas de infancia y familia.

Una llamada de atención a las personas que lean estas noticias: que tengan en cuenta al hacer su Declaración de la Renta que pueden marcar simultáneamente la asignación a Fines Sociales y la de la Iglesia Católica, es decir destinar un 0,7% de sus impuestos a cada una de ellas.


ENTREVISTA A CARLOS SUSÍAS. PRESIDENTE DE EAPN-ESPAÑA

El inicio, a finales de 2007 en Europa y en España de una crisis financiera que se va configurando en los siguientes años como crisis económica, social y de valores, convirtiéndose en el caso de España en recesión económica a lo largo de 2011, deja al descubierto que el modelo de desarrollo basado exclusivamente en el crecimiento económico y la generación de riqueza sólo ha beneficiado a las élites financieras, políticas y económicas y que no ha hecho más que profundizar la brecha entre el 20% más rico y el 20% más pobre, incrementando la pérdida de derechos y las desigualdades sociales.

Los Estados se han descapitalizado para “auxiliar” al sistema financiero, a la vez que la menor actividad del sector productivo reducía drásticamente los ingresos a recaudar por la vía fiscal o bien por la vía de las cotizaciones a la seguridad social. La inmediata reacción ha sido la de controlar el déficit y para ello se han reducido principalmente los recursos destinados a políticas sociales, de educación, vivienda y de sanidad, recortando a su vez derechos de ciudadanía y provocando enormes desigualdades en el acceso a bienes y servicios.

España se ha visto especialmente afectada por la denominada “burbuja inmobiliaria” que ha agravado las condiciones generales. Las tasas de desempleo son muy superiores al resto del entorno europeo, y son muchas las familias que han quebrado su economía y han perdido sus viviendas. El número de hogares que tienen a todos sus miembros activos en paro se incrementó en el primer trimestre de 2013 en 72.400 y se situó en 1.906.100. El número de hogares en los que todos sus miembros activos están ocupados desciende en 190.400, hasta 8.143.900. Datos que confirman el fuerte impacto de la crisis en las familias, uno de los pilares que garantiza una red de apoyo en fuertes momentos de crisis como el que estamos viviendo.

La actual crisis financiera, económica, social y de valores que estamos viviendo, ha venido a incrementar y a profundizar de forma alarmante los niveles de exclusión social, de pobreza y desempleo previamente existentes. No podemos olvidar que en la época de bonanza económica, con tasas de crecimiento del PIB, en España, por encima del 3%, los ya importantes índices de pobreza y exclusión social existentes no se redujeron, lo que pone de manifiesto la necesidad de incorporar cambios en nuestras políticas de lucha contra el desempleo, la pobreza y la exclusión social, tanto a nivel público, como privado.

Frente a esta realidad que se dibuja en el escenario de nuestros barrios y de nuestras familias en el actual contexto ¿Qué posición está manteniendo el tercer sector de acción social en España?

La crisis ha implicado un fuerte aumento de la desigualdad, caracterizado por el empobrecimiento de las personas desempleadas, y también de las personas empleadas (lo que se conoce como “pobreza en el empleo”). El paro es uno de los principales factores en este proceso, pero también lo son las políticas públicas dirigidas a recortar los gastos sociales y a fomentar la caída de los salarios como principal factor para aumentar la competitividad de la economía (devaluación interna lo llaman).

Durante la crisis y la recesión, las organizaciones de acción social han desempeñado una labor esencial en la atención de los crecientes problemas económicos, sociales, de vivienda, y en general, todas aquellas problemáticas de carácter multidimensional. El número de personas atendidas ha aumentado sin cesar desde 2008, especialmente en las entidades estatales de mayor tamaño. Como este enorme esfuerzo se ha producido en un contexto de recorte de subvenciones y de partidas presupuestarias, así como de dificultades de financiación, es evidente que las entidades han tenido que afrontar el desafío de mantener o aumentar su nivel de actividad, con cada vez menos recursos disponibles.

Por otra parte, muchas de las entidades se han abocado a denunciar el crecimiento de la pobreza y la exclusión social, los graves problemas de vivienda como los desahucios, el cuestionamiento del derecho universal a la salud, el peligro de la pobreza en la infancia, entre otros grandes temas.

Conscientes de la necesidad de trabajar de forma armonizada como única vía para lograr un nivel alto de interlocución, en 2013 se consolidó la Plataforma del Tercer Sector. Este ha sido un verdadero paso adelante en la consecución de un nivel mayor de presencia pública y de presión o lobby político. Los componentes de la PTS compartimos una visión común de que es necesario seguir avanzando, para conseguir logros significativos, duraderos y que verdaderamente favorezcan a la sociedad española.

¿Cuál es el papel del tercer sector de acción social en la lucha contra la pobreza y la exclusión social en Europa y en España?

En España, el Tercer Sector tiene una triple función. La primera es de prestación de servicios, la atención a la pobreza y la exclusión social, mediante los proyectos y programas de intervención social con una vocación transformadora y, cada vez más, con mecanismos de asistencia de emergencia, para paliar los problemas de  alimentación, vestido, medicinas, vivienda, etc. En segundo lugar, la denuncia de la desigualdad y de las políticas que promueven la desigualdad en materia de derechos. En tercer lugar, la presión política, es decir el trabajo de presión política (o de lobby) a las autoridades locales, regionales y estatales, a fin de influir en políticas de gran calado, como el Programa Nacional de Reformas, el presupuesto anual, la política fiscal, las políticas sociales como el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social, etc.

En Europa, el Tercer Sector tiene una función más orientada a dos funciones. La primera es la sensibilización y de abogacía o defensa de los derechos de determinados colectivos y grupos, como las personas en situación de pobreza y exclusión social, las personas gitanas, las personas inmigrantes, las personas con discapacidad. La segunda es la presión política, que se organiza a fin de influir en el Semestre Europeo, el sistema de gobernanza implantado en la UE por la Comisión Europea desde 2010. Una buena parte de este trabajo también se dirige al Parlamento Europeo, a fin de lograr apoyos para determinadas iniciativas. A través del nivel europeo se organizan acciones que se tienen que desplegar en los Estados Miembro, debido a que es el Consejo, integrado por los jefes de estado de los 28, el que tiene la última palabra a la hora de aprobar la legislación europea.

¿Cuáles son las propuestas que desde este tercer sector se están formulando para hacer posible un cambio de políticas que apuesten por otro modelo de desarrollo, más inclusivo y sostenible?

Entre las principales funciones del Tercer Sector de Acción Social podemos considerar la prestación de servicios a la ciudadanía, actuando frente a las necesidades. La función política reivindicando derechos y denunciando las causas de la pobreza y la exclusión social y la función social, fomentando la participación ciudadana y los procesos de concienciación.

Aunque las entidades que componen el Tercer Sector hay distintas sensibilidades con respecto a las posibles salidas que encaminen al país a un modelo de desarrollo más justo y equitativo, hay coincidencia en que ese debe ser el rumbo.

En función de reducir la desigualdad, creemos que es necesario reformar el sistema fiscal, para que la mayor parte de la contribución sea soportada por aquellas personas y empresas que más ganan. Creemos que las políticas económicas deben estar en consonancia con las políticas sociales, para aumentar la cohesión social, mediante un sistema de bienestar robusto y universal. Otro elemento común es la necesidad de reforzar el sistema de rentas mínimas, de forma que permitan un nivel de vida decente. Un cuarto elemento es el establecimiento de prestaciones por hijo/a menor de edad a cargo, de carácter universal, que permitiría combatir la pobreza infantil y de las familias monoparentales y numerosas, actualmente las más empobrecidas. Un quinto elemento es luchar contra la discriminación, especialmente en el mercado de trabajo, pero no solamente en él. Finalmente, hay coincidencia en la importancia de combatir el sinhogarismo y la exclusión social más extrema, con medidas integrales y duraderas en el tiempo.

Entre las principales funciones del tercer sector de acción social podemos considerar la prestadora de servicios a la ciudadanía, actuando frente a las necesidades. La función política reivindicando derechos y denunciando las causas de la pobreza y la exclusión social y la función social, fomentando la participación ciudadana y los procesos de concienciación.

¿Considera que en estos últimos años el predominio de la primera función sobre la segunda y la tercera ha hecho perder al tercer sector base social, situando la asistencia por encima de la promoción y descuidando la sensibilización y la denuncia de las causas profundas de la pobreza y la exclusión social, trabajando más sobre sus consecuencias que sobre sus causas?

Considero que las entidades no han descuidado su capacidad de denuncia y de propuesta, a pesar de haberse volcado en la atención humanitaria de emergencia. Lo que ha cambiado es, tal vez, el formato de actuación, ya que ahora se organiza a través de plataformas y de acciones concertadas para buscar la influencia política. Pero como he explicado anteriormente, todas son funciones inherentes al Tercer Sector.

Pero lo que sí ha ocurrido y ha influido mucho ha sido que las administraciones nos han llamado a la labor paliativa y han ninguneado o considerado prescindibles las acciones promocionales y de garantía de derechos, lo que ha provocado una gran dificultad, cuando no imposibilidad, de mantener los programas y proyectos que implicaban la promoción de la persona. En definitiva, se nos ha estado llamando a mantener a las personas empobrecidas vivas, sin importar mucho la calidad de esa vida. Y contra eso, cada vez más entidades, se están revelando.

Entre las medidas que se han puesto en marcha para fomentar el crecimiento y la competitividad actual y futura de la economía española se encuentra la Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, ¿qué consecuencias está teniendo este nuevo marco legal sobre los servicios sociales de atención primaria y sobre el tercer sector de acción social?

La Plataforma del Tercer Sector, en su conjunto, y la EAPN-ES nos hemos mostrado contrarios a la reforma que se ha planteado. Las buenas intenciones que pretende la Ley pueden convertirse en un quebranto profundo de los sistemas de servicios sociales locales. No obstante la moratoria, los procesos de renovación institucional en que entran la mayoría de las CC.AA., Administraciones Locales y el Estado, y la apertura de un nuevo proceso de definición de la financiación autonómica y local, nos puede dar la oportunidad de mejorar la situación. Con respecto a esta ley, se corre el riesgo de que se desmantele el sistema de servicios sociales, y el Plan Concertado que ha funcionado durante décadas y se ha mostrado muy eficaz durante los peores momentos de la crisis. La desaparición de los servicios sociales va en contra de la idea de eficacia e impacto que se promueve desde Europa, debido a que se pierde el nexo con la ciudadanía, desde la proximidad, en aras de un ahorro económico que va a redundar en perjuicios para las personas vulnerables.


Entrevista a Judith García Álvarez, Presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de la Región de Murcia

¿Podéis indicarnos cuáles son las principales funciones del Colegio profesional?

 

El Colegio pretende garantizar que se cumple con rigor la ética profesional en defensa de los intereses profesionales y de los ciudadanos, para ello identificamos y tratamos de atender las necesidades profesionales. En definitiva, somos una parte de la sociedad civil organizada.

 

La misión del Colegio es reunir y representar a los trabajadores sociales de la Región ante diferentes organismos (gubernamentales y no gubernamentales), así como en los medios de comunicación en defensa y reivindicación de la profesión y de las personas con las que trabajamos. Es también el espacio de encuentro de los profesionales, en el que poder tomar decisiones con respecto a la profesión, en defensa de la misma y de los Derechos Sociales que le son inherentes.

 

Cuantas personas están colegiadas en la Región de Murcia.

 

No tantas como debiéramos, eso nos debilita institucionalmente. El Colegio de Murcia cumple ya más de 30 años y han pasado 1.200 colegiados, colegiadas en más del 90% de los casos.

 

En la actualidad somos casi 800 profesionales, de los que se encuentran en desempleo algo más del 10%. Con la crisis muchas personas se han dado de baja; lo grave es que en demasiados casos no tienen expectativas de que vayan a ejercer la profesión que han estudiado. En el polo opuesto, más de la mitad de las nuevas colegiaciones son trabajadores sociales que se encuentran en desempleo y esperan tener más opciones de empleo dentro del Colegio (es una de nuestras prioridades). Es patente la precariedad laboral y dificultades de acceso al mercado de trabajo, o el emprendimiento.

 

Qué ventajas supone la colegiación.

 

La principal ventaja es la de aportar a la profesión: Decidir, participar, proponer, discutir, colaborar. El Colegio no deja de ser una representación de los más de 700 profesionales que lo conformamos.

 

Muchas veces llega la pregunta, “¿qué ventajas supone la colegiación?”, y hay que explicar que en esencia no somos una entidad prestadora de servicios (aunque los prestamos: información, asesoramiento profesional y jurídico, formación o empleo), pero no es nuestro fin, es nuestro medio para construir entre todos una profesión sólida que aporte respuestas a las demandas y necesidades del colectivo y de la sociedad.

 

¿Cómo os organizáis?

 

Como colegiados mantenemos un mínimo de 2 asambleas generales al año, en las que todos los colegiados tienen voz y voto, y donde se toman las decisiones más importantes: Líneas de actuación, presupuestos, memorias, cuotas, cuestiones extraordinarias.

 

A nivel interno, cada cuatro años se celebran elecciones y se elige a la Junta de Gobierno de entre todos los colegiados interesados en colaborar con el Colegio. Actualmente, la Junta se compone de 8 colegiados, que sin remuneración alguna, dedican sus esfuerzos a contribuir con la profesión. Esta labor altruista se ve reforzada por un trabajador social y una auxiliar administrativa que se encuentran contratados de manera parcial para el soporte técnico del Colegio.

 

 

Los colegiados a su vez pueden participar formando parte de algunos de los grupos de trabajo que están en marcha, con distintos objetivos, y que se centran en temas específicos (Emergencias, Peritaje, etc). También pueden proponer nuevos temas, o líneas de actuación.

 

¿Os coordináis con otros colegios profesionales?

 

Sí, a través del Consejo General del Trabajo Social nos coordinamos con todos los colegios de España, también con el resto de profesiones, especialmente educadores sociales y abogados, así como a nivel europeo e internacional con el resto de trabajadores sociales. Actualmente también tratamos de colaborar con cualquier entidad (Administración, partidos políticos, plataformas ciudadanas o asociaciones) que nos lo solicite, hasta donde nos permiten nuestros recursos.

 

Como identificáis la situación social de la Región de Murcia.

 

Muy mejorable. La situación social de la Región se ha visto muy afectada por la crisis, pero antes de la crisis ya encabezábamos muchos rankings negativos. La crisis se ha vivido como algo que la gente esperaba que “se pasara pronto”, pero no es una crisis coyuntural, es una crisis estructural, tanto por las carencias que ya existían como por el nuevo modelo social y económico hacia el que vamos. Sencillamente, no se ha hecho frente, los políticos y la sociedad sigue esperando que “pase pronto” y ya van 7 años, pero la crisis ha venido a quedarse porque las consecuencias del desempleo, de las ejecuciones hipotecarias y desahucios, el desapego a las instituciones, de la deuda pública, entre otras, se hará notar varios años más.

 

Como valoráis la respuesta que se está danto a las situaciones de exclusión social desde los sistemas públicos de protección social.

 

Insuficiente y desorganizada. Administraciones, asociaciones, ciudadanos, profesionales, nos enfrentamos a muchos problemas estructurales sin una estrategia compartida. Seguimos anclados en respuestas que ya eran insuficientes antes de la crisis, en el mejor de los casos. Las leyes de protección social se incumplen de manera sistemática, se da la espalda a los problemas, pero no hace falta trabajar en la intervención social para saber que los problemas no desaparecen por mirar a otro lado, o empezamos a solucionarlos, o vendrán con nosotros adonde vayamos. Este es el escenario en el que se encuentran los profesionales de los sistemas públicos de protección social, complicado.

 

¿Y desde la iniciativa social?

 

Dura, si antes de la crisis era difícil la situación de la iniciativa social, hace tiempo que es crítica. Buena parte de la financiación de la iniciativa social procede de subvenciones, tanto públicas como privadas, y no se enmarca en un proceso estratégico sino parcelado. Además, la fórmula de las subvenciones que se aplica genera inestabilidad, los proyectos tienen que comenzar cada año antes de saber cuándo llegará el dinero ni cuánto, incluso si al final llegará o no como hemos visto en muchos casos. No existe un marco de financiación estable y plurianual.

 

Estos problemas también debilitan el cumplimiento de la misión de las entidades, que están comprometidas con las personas con las que trabajan y se encuentran en la difícil situación de reivindicar las necesidades de las personas a las que atienden pero sin poner en riesgo la continuidad de los necesarios servicios que se prestan. Es necesario continuar implicando a los participantes de las asociaciones, los beneficiarios de su actividad en los órganos de participación y decisión y que sean protagonistas de las estrategias a seguir. Complicado, muy complicado.

 

Cuáles son los déficits de los modelos de atención social a los colectivos sociales más vulnerables.

 

Llevamos décadas instalados en la reivindicación de Derechos, hemos alcanzado algunos (Derecho a la autonomía personal y atención a las situaciones de dependencia, renta básica de inserción, entre otros),y ahora estamos centrados en que estos Derechos sean reales y efectivos, que los poderes públicos entiendan que deben ser una prioridad y de obligado cumplimiento. Antes queríamos Derechos, ahora que tenemos algunos, queremos que se cumplan.

 

¿Qué líneas de trabajo estáis desarrollando para mejorar la situación social de las personas en riesgo de exclusión?

 

Deberíamos estar centrados especialmente en facilitar la labor de los profesionales elaborando materiales útiles y prácticos, en garantizar la formación continuada, en detectar necesidades y tratar de darles respuestas o en colaborar con el Gobierno Regional en buscar soluciones a la situación actual; pero lo cierto es que estamos intentando que el Gobierno y la sociedad murciana sea consciente de los problemas existentes, que se garantice el cumplimiento de la Ley y no se sigan vulnerando los Derechos de las personas. Hemos empezado por la Ley de Renta Básica de Inserción y la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y atención a las personas en situación de Dependencia, pero sin duda son muchos ámbitos en los que se vulneran Derechos y se aplican recortes, que hoy son un mínimo ahorro que “mañana” requerirá de grandes esfuerzos económicos con consecuencias que hoy serían evitables.

 

Hoy por hoy estamos centrados en que los profesionales y los ciudadanos tengan claros cuáles son los Derechos, cuál debería ser su aplicación y qué actuaciones y herramientas existen para reclamar que así sea: Informar sobre Derechos, normativa, reclamaciones, denuncias ante el Fiscal Superior, ante la Defensora del Pueblo, ante la Inspección de Servicios Sociales, ante el Gobierno y los grupos políticos, en los medios de comunicación y en todas las instituciones necesarias hasta que se haga efectivo el cumplimiento.

 

Sería interesante que las personas se asociaran, no como afectados de dependencia o de renta básica, sino como afectados de la Administración Pública porque al fin y al cabo, las estrategias administrativas o contencioso-administrativas, serán similares, es necesario unir esfuerzos.

 

La exclusión social requiere de una política estratégica que atienda las necesidades y que ordene todos los recursos sociales disponibles para atenderla y prevenirla, esa es nuestra lucha.

 

¿Cuáles son las

 

¿Podéis indicar como se pueden poner en contacto con vosotros?

 

Pueden ponerse en contacto con nosotros a través de la web www.trabajosocialmurcia.com, por correo electrónico: murcia@cgtrabajosocial.es, por teléfono en el 968 284 820 o de manera presencial en la sede colegial (C/ San Antón, 21, 1ºH, 30009 Murcia).


ENTREVISTA A JESÚS SALMERÓN RUIZ (PRESIDENTE DE EAPN MURCIA)

 

1.      ¿Cómo ve la situación del colectivo de personas en riesgo de exclusión social de Murcia en relación a hace 5 años?

Francamente mal. El número de personas en riesgo y en pobreza ha aumentado a la misma velocidad que han disminuido las ayudas y los recursos de todo tipo. Me refiero a la cobertura del desempleo, a la renta básica, a las ayudas de los servicios sociales, a la dependencia, etc. En general los sistemas de protección no alcanzan, ni mucho menos, a cubrir una mínima parte de las necesidades de las personas ni llega a todas las personas potenciales beneficiarias. La mayoría de estas ayudas están muy por debajo del umbral de la pobreza y más todavía del salario mínimo.

El desempleo es un factor que castiga también con fuerza a estas personas. Y la precariedad suele ser una característica del empleo al que suelen tener acceso las personas en exclusión. Además, siendo el empleo un factor importante de inclusión, casi un 15% de las personas que tienen trabajo cobran por debajo del umbral de la pobreza.

Los números y las estadísticas oficiales reflejan una realidad tremendamente dura para muchas personas. Baste recordar que casi 20.000 hogares de esta región no tienen ningún ingreso.

Hace poco, los parados de larga duración eran los que superaban el año sin haber trabajado. Hoy son millones de parados que superan los tres años sin trabajar.

Además de la escandalosa situación de pobreza material, tenemos el impacto psicológico que esto tiene sobre las personas, sobre su autoestima, sobre la confianza en sí mismos, graves problemas de salud mental, sinhogarismo, generando impotencia, desesperanza, abandono de las ganas de luchar.

Y a corto y medio plazo, las expectativas de mejora de la situación de las personas no son buenas, por lo que veo. La inversión en el rescate de estas personas no es una prioridad.

2.     Las entidades miembro de EAPN, ¿cuentan hoy con más recursos para realizar sus actividades?

No, para nada. En estos años de crisis y de recortes, los recursos que han gestionado las entidades se han visto reducidos cerca de un 60%. Las bajadas de presupuestos han sido muy fuertes, así como la desaparición de muchas partidas, servicios  y programas.

Insisto en que la disminución de recursos se produce en un momento en que las necesidades de las personas han aumentado y las personas en dificultad también.

Y esta disminución o desaparición de recursos va en contra de la Estrategia Europa 2020, que indica a los estados miembro unos objetivos claros y precisos en materia de empleo, de educación y de lucha contra la pobreza.

3.     ¿Existe una concienciación de la sociedad en general en relación a la problemática de la exclusión social?

Si tomamos como referencia la solidaridad para la recogida y distribución de alimentos y de las personas voluntarias en estas tareas, debemos concluir que sí, que se ha producido un incremento de la conciencia de que muchas personas están empobrecidas y que necesitan ayuda para atender sus necesidades más básicas.

Si tomamos como referencia la existencia de contestación social, de organización de personas afectadas, de alternativas profundas a un sistema que provoca y tolera estas situaciones de exclusión, etc., ya no sería tan optimista. En este sentido, creo que no terminamos de tomar conciencia de la realidad que vivimos y de que no tenemos salida con este sistema.

Salvo importantes respuestas ciudadanas a determinados problemas (por ejemplo, la reacción de las personas afectadas por las hipotecas), la sensación que tengo es que la mayoría está desencantada, no ve salidas a esto, no se implica. O que las reacciones son aisladas, poco conectadas y muy puntuales.

Tengo la impresión de que a pesar de la entrega y la generosidad de muchas personas y organizaciones, los resultados son pocos y que falta eficacia.

4.     ¿Qué oportunidades  ofrece el nuevo Programa Operativo que actualmente se está gestando en la CCAA de Murcia?

La primera gran oportunidad es la de hacer las cosas de otra manera, por el mismo planteamiento que exige la Unión Europea desde el principio de la planificación de los programas nacionales (Acuerdos de Asociación) y los fondos: que se hagan las cosas de manera integrada, que los programas se complementen y se coordinen. En este sentido, otra oportunidad es que los fondos se deben complementar para el desarrollo de las acciones.

Otra oportunidad es que el reglamento del Fondo Social Europeo exige que el 20% del mismo debe ir a programas de inclusión y de lucha contra la pobreza. También que algunas acciones deben ir específicamente dirigidas a los grupos más excluidos (como inmigrantes y minorías) y que corren más riesgo de sufrir discriminación, prestando especial atención a las comunidades más marginadas (como la gitana).

Otras oportunidades tienen que ver con el papel y las funciones de los Comités de Seguimiento, la necesaria participación de las ONG’s como agentes clave, la relevancia del desarrollo territorial y el papel protagonista de las propias comunidades, que se contemple la promoción de la igualdad de género, la igualdad de oportunidades y la no discriminación, la exigencia de contemplar indicadores que aseguren que se contemplan estos objetivos y que se miden los resultados.

5.     En cuanto a la financiación, ¿qué porcentaje  aproximado del presupuesto de las entidades  sigue dependiendo de fondos públicos?

Aunque no tenemos ese dato, si tengo la certeza de que a mayor porcentaje de dependencia de los fondos públicos mayor dificultad de las entidades para sobrevivir y desarrollar sus funciones. El enorme recorte en la financiación de los servicios que prestan las entidades en estos años, ha hecho que muchas están cerradas, mermadas en recursos y capacidades de atención, muchas endeudadas, el trabajo precarizado, dependiente de unas subvenciones que no transmiten seguridad ni garantizan la continuidad.

Las administraciones suelen pagar tarde; no contemplan los gastos financieros, por lo que las entidades tenemos que cofinanciar los programas; se abusa de la concurrencia competitiva para programas plurianuales. Además, después de haber justificado las subvenciones pueden pedir cosas no previstas en los pliegos. Y para colmo asistimos a un proceso de auditorías sobre programas cerrados, justificados hace años y que obliga a muchas entidades a devoluciones, en muchos casos injustas.

6.     En referencia a la Universidad, ¿cuál es el grado de colaboración que existe entre ella y EAPN?, ¿lo cree suficiente?

La colaboración nunca es suficiente, pero la universidad (y el profesorado de la universidad) siempre ha estado atenta a nuestras demandas.

Una clara dificultad para una colaboración más estrecha, más continua y organizada está en la propia situación de nuestra Red, que no dispone de medios suficientes ni tiene recursos para la dedicación a más investigación, más producción científica o más apoyo para la formación profesional del alumnado.

7.     ¿Cuáles son los retos de futuro a los que se enfrenta el Tercer Sector en Murcia a corto /medio /largo plazo?

La mejora del modelo de financiación, avanzando hacia un marco que garantice la estabilidad de la actividad del sector, que facilite el acceso al crédito, que incorpore las cláusulas sociales. Esto obliga a la modificación de algunas leyes (especialmente de la Ley General de Subvenciones)  y la revisión y modificación del modelo de fiscalidad para facilitar la capacidad económica de las entidades, así como la normativa regional en estas materias.

La mejora y refuerzo de las capacidades de las entidades del Tercer Sector de Acción  Social: el fomento de la innovación, de la calidad, la formación de sus recursos humanos, la mejora de las estrategias comunicativas y de su imagen social, la investigación, el diseño de una cultura organizativa y el desarrollo de modelos organizativos, un mejor posicionamiento en la prestación  de servicios, mejora de los modelos organizativos, fomento del voluntariado, trabajo en red, defensa de derechos sociales, autonomía con respecto a las administraciones públicas…

La mejora de la interlocución y la participación. La función social y el valor añadido del TSAS, la normativa y legislación reconoce esta demanda. Además, los cambios y transformaciones sociales, y muy especialmente la actual situación de crisis económica y moral, recomienda la concurrencia de todos los actores sociales, no sólo los económicos o institucionales, sino también y muy especialmente de los que representan a la sociedad civil organizada en la ideación, planificación y desarrollo de las políticas de desarrollo y cohesión social. Sólo así estas políticas serán útiles para prevenir y afrontar situaciones de exclusión social.

Por último, señalar entre las prioridades la de articular el sector como una organización unitaria de interlocución social, que de cohesión a las entidades y organizaciones miembro y facilite la coordinación de sus actividades, que le permita contar con una efectiva capacidad de influencia y de desarrollo de un profundo diálogo civil y social con los poderes públicos, los agentes sociales, el mundo empresarial, los grupos mediáticos y el conjunto de instituciones relevantes de la Región de Murcia y su sociedad. Organización que debe ser consultada y oída en las decisiones y políticas clave que afecten de cualquier manera a los grandes intereses y necesidades transversales del Tercer Sector. Una organización que persiga la consecución del bienestar y promoción de las personas más desfavorecidas mediante la defensa de sus derechos y de los principios de igualdad, dignidad y equidad, para fomentar el compromiso comunitario, el valor de la solidaridad y la lucha contra la pobreza y/o la exclusión social, contra la marginación, la desigualdad y la discriminación.


Remedios Maurandi

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La crisis económica y sus consecuencias sociales

Entrevista a Manuel Tovar, Profesor de Economía, Universidad de Murcia.

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