ENTREVISTA A CARLOS SUSÍAS. PRESIDENTE DE EAPN-ESPAÑA

El inicio, a finales de 2007 en Europa y en España de una crisis financiera que se va configurando en los siguientes años como crisis económica, social y de valores, convirtiéndose en el caso de España en recesión económica a lo largo de 2011, deja al descubierto que el modelo de desarrollo basado exclusivamente en el crecimiento económico y la generación de riqueza sólo ha beneficiado a las élites financieras, políticas y económicas y que no ha hecho más que profundizar la brecha entre el 20% más rico y el 20% más pobre, incrementando la pérdida de derechos y las desigualdades sociales.

Los Estados se han descapitalizado para “auxiliar” al sistema financiero, a la vez que la menor actividad del sector productivo reducía drásticamente los ingresos a recaudar por la vía fiscal o bien por la vía de las cotizaciones a la seguridad social. La inmediata reacción ha sido la de controlar el déficit y para ello se han reducido principalmente los recursos destinados a políticas sociales, de educación, vivienda y de sanidad, recortando a su vez derechos de ciudadanía y provocando enormes desigualdades en el acceso a bienes y servicios.

España se ha visto especialmente afectada por la denominada “burbuja inmobiliaria” que ha agravado las condiciones generales. Las tasas de desempleo son muy superiores al resto del entorno europeo, y son muchas las familias que han quebrado su economía y han perdido sus viviendas. El número de hogares que tienen a todos sus miembros activos en paro se incrementó en el primer trimestre de 2013 en 72.400 y se situó en 1.906.100. El número de hogares en los que todos sus miembros activos están ocupados desciende en 190.400, hasta 8.143.900. Datos que confirman el fuerte impacto de la crisis en las familias, uno de los pilares que garantiza una red de apoyo en fuertes momentos de crisis como el que estamos viviendo.

La actual crisis financiera, económica, social y de valores que estamos viviendo, ha venido a incrementar y a profundizar de forma alarmante los niveles de exclusión social, de pobreza y desempleo previamente existentes. No podemos olvidar que en la época de bonanza económica, con tasas de crecimiento del PIB, en España, por encima del 3%, los ya importantes índices de pobreza y exclusión social existentes no se redujeron, lo que pone de manifiesto la necesidad de incorporar cambios en nuestras políticas de lucha contra el desempleo, la pobreza y la exclusión social, tanto a nivel público, como privado.

Frente a esta realidad que se dibuja en el escenario de nuestros barrios y de nuestras familias en el actual contexto ¿Qué posición está manteniendo el tercer sector de acción social en España?

La crisis ha implicado un fuerte aumento de la desigualdad, caracterizado por el empobrecimiento de las personas desempleadas, y también de las personas empleadas (lo que se conoce como “pobreza en el empleo”). El paro es uno de los principales factores en este proceso, pero también lo son las políticas públicas dirigidas a recortar los gastos sociales y a fomentar la caída de los salarios como principal factor para aumentar la competitividad de la economía (devaluación interna lo llaman).

Durante la crisis y la recesión, las organizaciones de acción social han desempeñado una labor esencial en la atención de los crecientes problemas económicos, sociales, de vivienda, y en general, todas aquellas problemáticas de carácter multidimensional. El número de personas atendidas ha aumentado sin cesar desde 2008, especialmente en las entidades estatales de mayor tamaño. Como este enorme esfuerzo se ha producido en un contexto de recorte de subvenciones y de partidas presupuestarias, así como de dificultades de financiación, es evidente que las entidades han tenido que afrontar el desafío de mantener o aumentar su nivel de actividad, con cada vez menos recursos disponibles.

Por otra parte, muchas de las entidades se han abocado a denunciar el crecimiento de la pobreza y la exclusión social, los graves problemas de vivienda como los desahucios, el cuestionamiento del derecho universal a la salud, el peligro de la pobreza en la infancia, entre otros grandes temas.

Conscientes de la necesidad de trabajar de forma armonizada como única vía para lograr un nivel alto de interlocución, en 2013 se consolidó la Plataforma del Tercer Sector. Este ha sido un verdadero paso adelante en la consecución de un nivel mayor de presencia pública y de presión o lobby político. Los componentes de la PTS compartimos una visión común de que es necesario seguir avanzando, para conseguir logros significativos, duraderos y que verdaderamente favorezcan a la sociedad española.

¿Cuál es el papel del tercer sector de acción social en la lucha contra la pobreza y la exclusión social en Europa y en España?

En España, el Tercer Sector tiene una triple función. La primera es de prestación de servicios, la atención a la pobreza y la exclusión social, mediante los proyectos y programas de intervención social con una vocación transformadora y, cada vez más, con mecanismos de asistencia de emergencia, para paliar los problemas de  alimentación, vestido, medicinas, vivienda, etc. En segundo lugar, la denuncia de la desigualdad y de las políticas que promueven la desigualdad en materia de derechos. En tercer lugar, la presión política, es decir el trabajo de presión política (o de lobby) a las autoridades locales, regionales y estatales, a fin de influir en políticas de gran calado, como el Programa Nacional de Reformas, el presupuesto anual, la política fiscal, las políticas sociales como el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social, etc.

En Europa, el Tercer Sector tiene una función más orientada a dos funciones. La primera es la sensibilización y de abogacía o defensa de los derechos de determinados colectivos y grupos, como las personas en situación de pobreza y exclusión social, las personas gitanas, las personas inmigrantes, las personas con discapacidad. La segunda es la presión política, que se organiza a fin de influir en el Semestre Europeo, el sistema de gobernanza implantado en la UE por la Comisión Europea desde 2010. Una buena parte de este trabajo también se dirige al Parlamento Europeo, a fin de lograr apoyos para determinadas iniciativas. A través del nivel europeo se organizan acciones que se tienen que desplegar en los Estados Miembro, debido a que es el Consejo, integrado por los jefes de estado de los 28, el que tiene la última palabra a la hora de aprobar la legislación europea.

¿Cuáles son las propuestas que desde este tercer sector se están formulando para hacer posible un cambio de políticas que apuesten por otro modelo de desarrollo, más inclusivo y sostenible?

Entre las principales funciones del Tercer Sector de Acción Social podemos considerar la prestación de servicios a la ciudadanía, actuando frente a las necesidades. La función política reivindicando derechos y denunciando las causas de la pobreza y la exclusión social y la función social, fomentando la participación ciudadana y los procesos de concienciación.

Aunque las entidades que componen el Tercer Sector hay distintas sensibilidades con respecto a las posibles salidas que encaminen al país a un modelo de desarrollo más justo y equitativo, hay coincidencia en que ese debe ser el rumbo.

En función de reducir la desigualdad, creemos que es necesario reformar el sistema fiscal, para que la mayor parte de la contribución sea soportada por aquellas personas y empresas que más ganan. Creemos que las políticas económicas deben estar en consonancia con las políticas sociales, para aumentar la cohesión social, mediante un sistema de bienestar robusto y universal. Otro elemento común es la necesidad de reforzar el sistema de rentas mínimas, de forma que permitan un nivel de vida decente. Un cuarto elemento es el establecimiento de prestaciones por hijo/a menor de edad a cargo, de carácter universal, que permitiría combatir la pobreza infantil y de las familias monoparentales y numerosas, actualmente las más empobrecidas. Un quinto elemento es luchar contra la discriminación, especialmente en el mercado de trabajo, pero no solamente en él. Finalmente, hay coincidencia en la importancia de combatir el sinhogarismo y la exclusión social más extrema, con medidas integrales y duraderas en el tiempo.

Entre las principales funciones del tercer sector de acción social podemos considerar la prestadora de servicios a la ciudadanía, actuando frente a las necesidades. La función política reivindicando derechos y denunciando las causas de la pobreza y la exclusión social y la función social, fomentando la participación ciudadana y los procesos de concienciación.

¿Considera que en estos últimos años el predominio de la primera función sobre la segunda y la tercera ha hecho perder al tercer sector base social, situando la asistencia por encima de la promoción y descuidando la sensibilización y la denuncia de las causas profundas de la pobreza y la exclusión social, trabajando más sobre sus consecuencias que sobre sus causas?

Considero que las entidades no han descuidado su capacidad de denuncia y de propuesta, a pesar de haberse volcado en la atención humanitaria de emergencia. Lo que ha cambiado es, tal vez, el formato de actuación, ya que ahora se organiza a través de plataformas y de acciones concertadas para buscar la influencia política. Pero como he explicado anteriormente, todas son funciones inherentes al Tercer Sector.

Pero lo que sí ha ocurrido y ha influido mucho ha sido que las administraciones nos han llamado a la labor paliativa y han ninguneado o considerado prescindibles las acciones promocionales y de garantía de derechos, lo que ha provocado una gran dificultad, cuando no imposibilidad, de mantener los programas y proyectos que implicaban la promoción de la persona. En definitiva, se nos ha estado llamando a mantener a las personas empobrecidas vivas, sin importar mucho la calidad de esa vida. Y contra eso, cada vez más entidades, se están revelando.

Entre las medidas que se han puesto en marcha para fomentar el crecimiento y la competitividad actual y futura de la economía española se encuentra la Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, ¿qué consecuencias está teniendo este nuevo marco legal sobre los servicios sociales de atención primaria y sobre el tercer sector de acción social?

La Plataforma del Tercer Sector, en su conjunto, y la EAPN-ES nos hemos mostrado contrarios a la reforma que se ha planteado. Las buenas intenciones que pretende la Ley pueden convertirse en un quebranto profundo de los sistemas de servicios sociales locales. No obstante la moratoria, los procesos de renovación institucional en que entran la mayoría de las CC.AA., Administraciones Locales y el Estado, y la apertura de un nuevo proceso de definición de la financiación autonómica y local, nos puede dar la oportunidad de mejorar la situación. Con respecto a esta ley, se corre el riesgo de que se desmantele el sistema de servicios sociales, y el Plan Concertado que ha funcionado durante décadas y se ha mostrado muy eficaz durante los peores momentos de la crisis. La desaparición de los servicios sociales va en contra de la idea de eficacia e impacto que se promueve desde Europa, debido a que se pierde el nexo con la ciudadanía, desde la proximidad, en aras de un ahorro económico que va a redundar en perjuicios para las personas vulnerables.


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