Podríamos admitir que el fenómeno de la globalización es consecuencia del triunfo del sistema capitalista sobre todo tipo de sistema de socialización de lo económico y de lo social, excepción hecha de lo que se refiere a la socialización de las perdidas de las grandes empresas que es la única forma de socialización que el sistema neoliberal admite y utiliza. El reciente caso Alstom, así lo confirma.
La globalización, que no es mas que la extensión o internacionalización del sistema capitalista puro y duro basado en economías llamadas neoliberales, no trata como en un principio se pudo pensar, solo en la libre circulación de capitales entre naciones, o mejor dicho entre paraísos fiscales, naciones encubridoras y el resto del mundo.
No se trata solamente de globalizar los sistemas económicos, financieros, monetarios, etc., no. El Banco Mundial, el G7 y las multinacionales ganaron esta batalla hace ya tiempo, ahora de lo que se trata es de esquilmar los recursos naturales, explotar la pobreza, la miseria y la enfermedad que ellos mismos provocan en el tercer mundo, explotando a los emigrantes, estableciendo precios abusivos en los medicamentos necesarios para combatir el SIDA y provocando guerras si es necesario y para ello es necesario neutralizar las resistencias estén donde estén.
El mundo occidental, Europa y América Latina son también objetivos de la rapiña neoliberal. La privatización de sectores estratégicos, de la industria, los servicios públicos y las grandes infraestructuras se impone como condición global si se quiere obtener tajada y en ello estamos.
De ahí, que las políticas globalizadoras se extiendan a las políticas sociales y sean asumidas sucesivamente por la UE, los países de su entorno, regiones y municipios. Es interesante observar como, mientras los grandes sectores económicos o susceptibles de producir beneficios son rápidamente privatizados, otros sectores que se caracterizan por su rentabilidad social son reconvertidos en sectores de rentabilidad económica y privatizados en condiciones ventajosas mediante subvenciones, incentivos, exenciones y beneficios fiscales y financieros. Es el caso de las grandes infraestructuras, autopistas, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, red eléctrica, etc.
Sin embargo los sectores eminentemente “sociales” que en un principio no parecían ser objeto de la rapiña neoliberal por falta de rentabilidad económica, ya que suponen una carga económica para los estados, se ven progresivamente transformados en sus estructuras, de forma que son privatizados en condiciones ventajosas. Nos estamos refiriendo a la sanidad, la educación, la vivienda protegida, las pensiones, la asistencia social, el trabajo, etc.
Los gobiernos, nacionales, regionales o municipales, no tienen ningún pudor en dejar en manos privadas, sectores que están obligados a financiar y que de suponer una carga económica resultan ser rentables en manos privadas. Este mecanismo que tiene difícil explicación, solo puede ser entendido en base a políticas corruptas, en forma de subvenciones o de cualquier otro sistema que sin duda alguna va en detrimento de la parte pública. El ejemplo más notorio en España lo constituye la educación, que bajo la influencia de la iglesia católica está dejando la enseñanza pública en situación verdaderamente dramática.
Es también interesante analizar brevemente el papel de las ONG en las políticas sociales. Los gobiernos subvencionan y dejan en manos de las ONG aquellas políticas sociales que van dirigidas a sectores marginales de la población, a los que no votan , drogodependencia, alcoholismo, pobreza, marginación, inmigración, SIDA, etc., con un doble objetivo, por un lado quitarse un problema de en medio y por otro mantener ocupada a sectores de la población potencialmente resistentes ante la injusticia.
Es significativo destacar entre las ONG el papel que desempeñan las organizaciones medioambientales, puesto que en la misma medida que aumenta la defensa-resistencia ante las agresiones medioambientales, disminuyen las subvenciones públicas.
Estas situaciones son extrapolables a todos los niveles de la administración, desde la UE hasta el más pequeño municipio, hasta el punto que la expansión del neoliberalismo, tiene su reflejo en las políticas locales y en los espacios que configuran estas políticas, al verse directamente implicados por la liberalización de todo tipo de mercados, las privatizaciones y la bajada de los tipos de interés, entre otras cuestiones.
Algunas resistencias se manifiestan como un reflejo fiel de las contradicciones del propio sistema capitalista al enfrentar políticas proteccionistas y neoliberales. Es el caso de los agricultores y del pequeño comercio tradicional y conservador, que exigen medidas proteccionistas frente a las exportaciones de terceros países en el primer caso y frente a las grandes superficies comerciales en el segundo. Significativo es, que uno de los pilares del conservadurismo se rebele contra el sistema y los gobiernos que sustentan por lo que podríamos llamar exceso de liberalismo.
Donde mayor incidencia están teniendo las políticas neoliberales, es probablemente en los sectores de la vivienda, del urbanismo que genera el suelo necesario y en el medio ambiente que es agredido por las políticas urbanísticas. El urbanismo, la ordenación del territorio, la planificación de las ciudades en suma, que han sido históricamente disciplinas científicas y técnicas, han dejado de serlo. En España, son la iniciativa privada y las coyunturas del mercado inmobiliario los que establecen las pautas a seguir. El actual gobierno conservador, promulgó en 1998 la Ley del Suelo que reúne una serie de peculiaridades que la hacen muy diferente a las legislaciones urbanísticas del resto de Europa. La propiedad del suelo ya no cumple una función social sino económica, el valor del suelo es el de mercado, los derechos urbanísticos de los propietarios del suelo se le atribuyen en un 90 %, todo el territorio nacional es susceptible de ser urbanizado y edificado a excepción del que esté expresamente protegido y de partida solo está garantizada la protección del suelo sujeto a directivas de la UE en materia medioambiental, lugares de importancia comunitaria y zonas de especial protección de aves, el resto puede ser protegido por las administraciones locales siempre que justifiquen las razones para su protección.
Aprovecho la ocasión que me brinda esta plataforma, para denunciar la desprotección de 15.000 hectáreas de suelo especialmente protegido, por el Gobierno de la Región de Murcia, en uno de los pocos enclaves, la Marina de COPE, que aún permanece virgen en la costa mediterránea junto al Cabo de Gata en Almería. El objeto no es otro que la urbanización con destino turístico de alto standing dirigido a población extranjera.
Respecto a la política de vivienda podríamos decir que es estéril, porque está dirigida a la llamada vivienda de protección oficial que está en franca recesión y apenas se construye. La rebaja de los tipos de interés bancario y más concretamente del interés de los créditos hipotecarios, ha tenido un efecto contrario que incluso podríamos llamar perverso respecto al fin perseguido. La vivienda ha pasado de ser un valor de uso a un valor de cambio como consecuencia de lo anterior y de que el dinero de inversores, ahorradores y el procedente de la economía sumergida que llega a alcanzar el 30 % en algunas regiones, se ha refugiado en el sector vivienda que es de gran opacidad.
En consecuencia, a una elevadísima demanda no responde la oferta y los precios se disparan al entrar en acción la especulación del suelo que cada vez en mayor medida es acaparado por las grandes inmobiliarias, ante la indiferencia de las administraciones públicas que se desentienden de regular el mercado del suelo dejándolo casi exclusivamente en manos de la iniciativa privada.
La vivienda de protección oficial que ha sido tradicionalmente construida por el sector privado disminuye progresivamente, la vivienda social o de renta cero que promueve la administración desaparece prácticamente, la vivienda de alquiler es inexistente y consecuentemente las clases mas necesitadas, jóvenes y ancianos no tienen acceso a la vivienda. Nos encontramos en una situación en la que el beneficio a muy corto plazo predomina sobre cualquier otra consideración y lo público cede paso a lo privado, renunciando al interés social en beneficio del interés privado e incumpliendo un derecho fundamental como es el acceso digno a la vivienda.
Ante esta situación es necesario hacer un llamamiento a los jóvenes, para que reivindiquen la construcción de viviendas de alquiler y no se dejen engañar por las políticas de construcción de viviendas para jóvenes en propiedad por lo que tiene de engaño y alienación.
Con el pretexto de que el alquiler mensual de una vivienda equivale a la amortización de un préstamo hipotecario, se está fomentando la construcción de viviendas en propiedad para jóvenes. Esta política tiene un efecto perverso para la juventud y es una forma mas de alienación, junto a la permisividad ante las drogas y el alcohol, por cuanto hipoteca y asfixia económicamente a los jóvenes, que verán transcurrir su juventud hipotecados y pendientes de posibles y probables subidas de los tipos de interés, que harían inviable la devolución de los prestamos y la consecuente perdida de la vivienda. Se trata pues, de una forma más de combatir la potencial resistencia de los jóvenes, con medidas esta vez, de tipo económico.
Si estas políticas resultan incomprensibles para el resto de Europa, donde es impensable que los jóvenes puedan adquirir una vivienda solo con el fruto de su trabajo, resulta paradójico que puedan ser aplicadas en España, donde el subempleo, la precariedad en el trabajo y los contratos basura, baten record europeos. Pero es que como dice el viejo slogan Spain is diferent.